"Esta autoridad resuelve negar la deportación", dijo Gloria Pinza, jueza de una unidad de contravención, durante la diligencia judicial celebrada en Quito, observó una periodista de la AFP.
Las autoridades habían cancelado la visa de Picq e iniciado un proceso de deportación por presunta estadía irregular en el país.
Al término de la audiencia, Picq levantó los brazos en señal de victoria frente a decenas de indígenas y activistas que se apostaron a las afueras del juzgado, con tambores y pitos, a arengar contra el gobierno y exigir la liberación de la mujer.
"Estoy contenta. Es una victoria de todos los que participaron en la defensa, tanto de los abogados, la prensa, los estudiantes y el movimiento indígena", dijo Picq con una amplia sonrisa.
La mujer de 38 años, quien ha colaborado para medios internacionales, como el canal Al Jazzera, permanecía retenida en un albergue de Quito donde están los extranjeros en proceso de deportación.
El caso alcanzó notoriedad en la prensa y fue convertido por los indígenas en una nueva bandera de lucha contra el gobierno de Correa, al que acusan de haber reprimido las manifestaciones.
Picq fue detenida el jueves cuando marchaba en Quito junto a su pareja y abogado Carlos Pérez, un dirigente indígena que organizó ese día marchas contra el gobierno que dejaron 67 policías heridos y 47 manifestantes detenidos, según un balance oficial.
El gobierno, por su parte, culpa a los indígenas y demás grupos opositores de haber agredido a los policías.
La periodista y profesora universitaria denunció que fue golpeada durante la manifestación, llevada por la policía a un hospital y recluida luego en un hotel en Quito que sirve de centro de detención para extranjeros en situación irregular.
"La verdad siempre triunfa (...) Vimos que este proceso no tenía ni pies ni cabeza. Era una barbaridad jurídica lo que estaban haciendo", celebró Pérez.
Una vez leído el fallo, Picq besó a su pareja y abogado. "Renace la unión, el cariño, la ternura", comentó el líder indígena.
Este lunes el canciller Ricardo Patiño, quien se apartó temporalmente de sus funciones para ocuparse de asuntos del partido oficialista, comentó el caso de la periodista.
"Lamentablemente, todavía seguimos sometidos culturalmente" a la idea de que una "persona que es extranjera puede hacer lo que le da la gana. Ellos se creen que están en un paísito del tercer mundo. Si a un ecuatoriano se le ocurre, se atreve ir a Estados Unidos, a Francia, Alemania, a hacer una manifestación en la calle sin permiso, lo sacan al minuto", dijo Patiño al canal GamaTV.
Picq y sus abogados explicaron que la decisión de la justicia echó al piso el proceso de deportación y que ahora intentarán hacer lo mismo con la decisión que le revocó la visa.
"Los próximos pasos van a ser intentar restablecer la visa, cancelar esta revocación ilegal y renovar la visa en el futuro", dijo la comunicadora.
Al momento de su detención, Picq tenía una visa de intercambio cultural que le permitía desarrollar actividades académicas.
El otro abogado de la periodista, Juan Pablo Albán, señaló que el caso será enviado a la fiscalía para que investigue una presunta adulteración de los documentos que sirvieron de apoyo al proceso de deportación.
"Ella tiene una unión de hecho con un ecuatoriano y eso es suficiente para que pueda tener una visa de amparo", añadió Albán a la prensa.
La detención de Picq encendió aun más los ánimos de los indígenas que se mantienen en protesta contra el gobierno, con periódicas marchas en Quito y bloqueos de vías en el sur del país.
La organización Human Rights Watch (HRW) -duramente criticada por Correa en el pasado- se refirió a la periodista como "una víctima de la violencia policial" y alzó su voz contra su eventual deportación.
"Sería completamente inaceptable que Ecuador expulsara a alguien por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y reunión", señaló en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG.
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