La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles que inscribirá los terrenos del Algarrobico, en Carboneras (Almería), a nombre del dominio público para demoler el hotel, un anuncio que ha sido bien acogido por las organizaciones ecologistas, mientras que la constructora, Azata, ha preferido no comentar la noticia.
El anuncio de la Junta se ha producido cinco días después de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía (TSJA) que declaraba legal la licencia de unas obras que comenzaron hace más de ocho años.
El Gobierno andaluz ha apuntado que será la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, quien dé todas las claves del proceso el próximo viernes en Almería.
El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha subrayado que el ejercicio del derecho de retracto sobre los terrenos donde se ha construido el hotel responde al anuncio que hizo la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de "hacer lo posible y lo imposible" por derribar el hotel, que ha retratado como "una monstruosidad".
Esto significa que la administración andaluza deberá abonar a la constructora del hotel los 2,3 millones de euros para la recompra consignados desde 2006, que se gestionarán a través de la Caja de Depósitos de Almería.
La Junta de Andalucía garantiza de esta forma que no se podrá seguir construyendo en dicho espacio, a pesar de la sentencia del pasado 30 de julio del TSJA, que declaraba válida la licencia concedida en su día a la promotora del hotel por parte del Ayuntamiento de Carboneras (Almería).
Frenadas las obras, el Gobierno andaluz podrá proceder al derribo, tal y como ha anunciado Jiménez Barrios, para lo que deberá determinarse si procede abonar una indemnización a la empresa.
Para ello, los tribunales deberán decidir si Azata actuó de mala fe pues, de haberlo hecho, la Junta puede atribuirse el derecho de accesión y hacer suyos los terrenos y todo lo que contengan, por lo que no habría que indemnizarla.
Esto es lo que parece pretender la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que ha señalado hoy en una nota de prensa que el derecho de retracto "se topó con la ocultación por parte de la empresa de una anterior compraventa del suelo sin advertir de ello a la Junta para la recompra, como exige la normativa legal sobre espacios protegidos".
Fuentes jurídicas han recordado por otra parte que según la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, "a los efectos del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, por el transmitente se notificarán fehacientemente a la Administración actuante las condiciones esenciales de la transmisión pretendida y, en su caso, copia fehaciente de la escritura pública en que haya sido instrumentada la citada transmisión".
En el supuesto de que la empresa actuase de buena fe, tendría que ser indemnizada, con una cantidad que podría acordarse fuera de los juzgados si hay un entendimiento entre las dos partes, o establecida por la vía judicial, a través del TSJA, que decidiría la cuantía.
En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente negoció en los tiempos de Cristina Narbona un justiprecio que rondaba los 82 millones de euros, aunque los colectivos ecologistas han indicado a Efe, que en ningún caso se podría abonar más de lo que costó la construcción del hotel, unos 16 millones de euros, desglosados y certificados por el arquitecto y tres aparejadores.
Llegados a este punto, sería posible llevar a cabo la demolición del inmueble. En noviembre de 2011, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, suscribieron un protocolo de colaboración para proceder al derribo y a la posterior recuperación de la playa de El Algarrobico.
Según este plan conjunto, el Ministerio de Medio Ambiente se comprometía a abordar la financiación de la demolición de la edificación, y la Junta de Andalucía el desescombro y gestión de los residuos que genere.
Sin embargo, la demolición del hotel no conlleva por sí misma la finalización de los procesos judiciales en curso, ya que el Tribunal Supremo debe pronunciarse aún sobre los dos recursos de casación interpuestos por Azata del Sol y Azata Patrimonio respecto a la titularidad de los suelos, ya que el único resuelto a favor de la Junta es el que presentó el Ayuntamiento de Carboneras.
De haber llegado a un acuerdo extrajudicial previo, lo lógico es que la mercantil retirase dichos recursos, pero de haber sido impuesta la indemnización por el TSJA sin llegar a un entendimiento, podría darse la circunstancia de que el Supremo fallase a favor de la empresa.
En este caso, aún cuando la Junta hubiese llevado a cabo el retracto sobre los terrenos y el derribo del hotel, previo pago de la indemnización, Azata podría volver a ser la titular de dichos suelos y plantear de nuevo la construcción de nuevas instalaciones dado que el TSJA ya ha dicho que la licencia era legal. EFEverde
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