La defensora del Pueblo decide hoy si recurre la "ley antidesahucios"

Madrid, 16 ago.- La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, va a decidir hoy si recurre la "ley antidesahucios" ante el Tribunal Constitucional (TC), tal y como le ha pedido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), fecha en que concluye el plazo legal para registrar la iniciativa.

Tal y como establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, la decisión de si la institución presenta un recurso de inconstitucionalidad debe adoptarse en la Junta de Coordinación, el órgano directivo presidido por la defensora.

Becerril ha convocado una reunión del cuadro directivo de la institución a las diez y media de la mañana, en la que se analizará la petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La PAH ha elaborado un recurso de inconstitucionalidad de la ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios pero, como no tiene legitimidad para presentarlo ante el TC, ha pedido a 50 diputados, 50 senadores o al Defensor del Pueblo que lo "avalen" y lo trasladen al alto tribunal.

El PSOE ya ha anunciado su intención de recurrir la ley, cogiendo "los mejores argumentos de la plataforma y añadiendo alguno más para hacer el mejor recurso posible", según ha explicado el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La Ley de protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social -aprobada por el Senado el 8 de mayo y publicada en el BOE el 15 de mayo- suspende los desahucios de viviendas durante dos años para colectivos definidos como vulnerables, modifica el régimen de subastas de viviendas para que el precio de adjudicación sea mayor y limita los intereses de demora.

En esa fecha, la defensora declaró que aunque la ley hipotecaria "pone límite al abuso de los intereses de demora" podría haber sido "más generosa" respecto a la protección de las familias afectadas en los procesos de desahucios.

Becerril lamentó que no se hayan incluido algunos aspectos, como la obligatoriedad de intentar un acuerdo previo a la acción o que se hubiera extendido su alcance a los negocios hipotecados que supongan el único medio de vida de las familias.

Sobre este asunto, el defensor ya ha realizado varias recomendaciones, como pedir al Banco de España que actúe en defensa de los consumidores y recomiende a las entidades financieras la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulas las "cláusulas suelo".

La institución del Defensor también reclamó "ayudas excepcionales" para los afectados por las deudas hipotecarias y un acuerdo político asumido por el sector bancario en el que se incluyera, entre otras medidas, flexibilidad de las cuotas o moratoria en el pago.