La educación española tendrá una nueva ley el curso que viene, que traerá cambios significativos

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) comenzará a aplicarse el curso que viene, después de superar este jueves su último trámite en el Congreso gracias a la mayoría absoluta del PP.
Dotada con un presupuesto total de 408 millones de euros por parte del Estado, se implantará a lo largo de tres cursos consecutivos tras la ampliación acordada en el Senado y ratificada en el Congreso.
En el ejercicio 2014-2015 contará con un presupuesto de 8,9 millones de euros, pero solo se introducirán cambios en Primaria y en la nueva FP Básica. Durante el curso 2015-2016, la reforma se aplicará en 1º y 3º de ESO, en 1º de Bachillerato y en los primeros cursos de FP de Grado Medio, y en el ejercicio 2016-2017 concluirá su implantación.
Otras modificaciones introducidas en la Lomce a su paso por el Senado y que hoy ratificó el Congreso tienen que ver con las mayores facilidades para que los centros de educación diferenciada puedan conseguir conciertos con la Administración y el establecimiento de dos itinerarios en el nuevo y unificado Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades, a fin de que las Matemáticas fueran asignatura troncal en el primero de ellos.
NOVEDADES
La lomce se articula mediante una reforma de la actual ley en vigor, la LOE, respecto a la que supone cambios significativos. Entre estos, destaca el establecimiento de pruebas externas a nivel nacional al final de cada etapa educativa, que en el caso de la ESO y Bachillerato será necesario aprobar para obtener el título. En Primaria, estos exámenes tendrán carácter orientador, mientras que la actual Prueba de Acceso a la Universidad, conocida como Selectividad, será suprimida.
El curso de 4º de ESO se dividirá en dos itinerarios, uno más académico dirigido hacia el Bachillerato y otro orientado hacia la FP, con contenidos más prácticos.
En 3º de la ESO se introduce mayor optatividad y los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) serán sustituidos por una nueva Formación Profesional Básica, de dos cursos obligatorios.
Además, se reducen las modalidades de Bachillerato existentes y se compactan las asignaturas ofertadas; los directores de centro tendrán mayor autonomía en su gestión; Conocimiento del Medio en Primaria se convertirá en las antiguas Sociales y Naturales; desaparece Educación para la Ciudadanía, y queda permitida la publicación de listas de centros públicos según las calificaciones de sus alumnos.
Religión volverá a tener una asignatura espejo (Valores Sociales y Culturales en Primaria y Valores Éticos en ESO), de forma que será obligatorio cursar al menos una de las dos, que tendrán carácter evaluable.
La Lomce incluye un apartado donde se especifica que la ‘educación diferenciada’ no es discriminatoria y que, por tanto, los colegios solo de chicos o solo de chicas pueden obtener conciertos con las administraciones, y reconoce la libertad de elección las familias.
Finalmente, plantea una nueva clasificación competencial entre Estado y comunidades autónomas, al dividir las materias en troncales (el Estado decide el 100% del temario), específicas (las autonomías fijan los contenidos y el Estado los estándares de evaluación) y de libre configuración, cuyo currículum definen las autonomías y, en su caso, los centros.
Castellano, Matemáticas, Inglés, Historia y Ciencias son materias troncales en la Lomce, que define la Educación Física, la Música y el Dibujo como específicas y sitúa a las lenguas cooficiales entre las de Libre Configuración.
Por otra parte, una enmienda de UPyD introducida en el Congreso supuso reconocer al castellano como lengua oficial de enseñanza en todo el Estado (las otras lenguas también lo son en sus respectivos territorios), y se obliga a las comunidades a sufragar la escolarización en centros privados de aquellos alumnos que pidan castellano como lengua vehicular y no encuentren esta oferta en la red pública o concertada.
CONTESTACIÓN A LA LEY
Han transcurrido casi dos años desde que el anteproyecto de la Lomce se presentó por primera vez en Consejo de Ministros y desde entonces ha experimentado importantes modificaciones y ha cosechado críticas de amplios sectores de la comunidad educativa, ciertas comunidades autónomas y la oposición parlamentaria.
Geroa Bai, BNG, Coalición Canaria, Amaiur, Equo/Compromís, Esquerra Republicana, PNV, CiU, La Izquierda Plural y PSOE firmaron un pacto en julio para derogar la Lomce en cuanto cambie el Gobierno, mientras que UPyD también critica esta norma.
Los grupos nacionalistas tachan la norma de “centralista” y entienden que “supone una invasión de competencias y un ataque al modelo de inmersión lingüística de Cataluña”.
Desde la izquierda la tildan de “clasista, elitista y segregadora”, por establecer “una carrera de obstáculos que perjudicará a los estudiantes más desfavorecidos”, y el PSOE y algunas autonomías han anunciado que presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional.
Sindicatos de profesores, asociaciones de estudiantes y organizaciones de Ampas han protagonizado varias huelgas en su contra, e incluso la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se mostró crítica con ella.
En cambio, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se felicitó hoy por que “tras dos años de trabajo, contamos con un instrumento legislativo que ayudará a situar al sistema educativo español en el lugar que se merece”.