La Generalitat recurrirá el fallo por temor a que abra la puerta a más indemnizaciones

Barcelona.- El Departamento de Acción Social recurrirá la sentencia del TSJC que condena a la Generalitat a pagar 980.000 euros a los padres de un niño dado en adopción mientras se encontraban en proceso de desintoxicación de drogas, por considerar que este fallo abre las puertas a más peticiones de indemnización.

Acción Social ha anunciado que recurrirá ante al Tribunal Supremo el fallo del TSJC que obliga a indemnizar a los padres biológicos de un niño que se encontraba en acogimiento preadoptivo hace nueve años, ha informado la conselleria por medio de una nota de prensa.

Según la sentencia, los padres biológicos, que ya no podrán recuperar a su hijo, tienen derecho a recibir 980.000 euros al considerar el tribunal que el entonces denominado Departamento de Bienestar Social y Familia no valoró la evolución positiva de la pareja, que se encontraba en proceso de desintoxicación.

La consellera de Acción Social, Carme Capdevila, ha afirmado hoy que el fallo cuestiona la figura del acogimiento preadoptivo, una medida que implica necesariamente, asegura, que el menor tutelado rompa los vínculos con los padres biológicos, debido a una situación muy grave que implica una incapacidad de los padres para cuidar de su hijo.

Por ello, Capdevila ha opinado que "es muy cuestionable" que la sentencia del TSJC considere la rotura del vínculo afectivo de un niño con sus padres como un daño moral indemnizable por parte de la administración.

"Esta sentencia abre la puerta a reclamar indemnizaciones a los padres biológicos de los menores que son dados en adopción porque a nadie le gusta que le quiten un hijo", ha manifestado la consellera, que cree que lo conveniente en estos casos es dar prioridad a los intereses del menor, "su derecho al bienestar y a un desarrollo en un entorno familiar normalizado, sin que el niño haya de esperar años y años en un centro".

Por otro lado, Capdevila ha considerado "exagerado" el importe de la sentencia y ha añadido que "en estos momentos de recorte presupuestario una indemnización de esta cuantía es del todo inaceptable, tanto para la Generalitat como para los ciudadanos, que la asumen indirectamente con sus impuestos cuando están viendo recortado su sueldo".

La consellera ha instado a CiU a hacer "menos demagogia" con las cuestiones de infancia y les ha recordado que esta sentencia es producto de una decisión que se adoptó en 2001, en el último año de gobierno de la federación nacionalista.