La Junta de Extremadura denuncia prevaricación en la anterior gestión del SES

Mérida, 28 abr.- El Gobierno extremeño presentará hoy una denuncia por presunta prevaricación contra los anteriores responsables socialistas del Servicio Extremeño de Salud (SES) al contratarse verbalmente y sin licitación el mantenimiento del Hospital de Zafra durante diez años y por valor de siete millones.

El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha anunciado hoy en rueda de prensa el contenido de esta denuncia, que a lo largo del día de hoy se presentará ante la Fiscalía provincial de Badajoz.

Hernández Carrón, que ha comparecido junto al consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla y al secretario general del SES, César Ramos, ha explicado que la presunta prevaricación se cometió desde 2002 -año en que el entonces gobierno del socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra adquirió el hospital de Zafra a una empresa privada- hasta noviembre de 2011, cuando el actual Ejecutivo del PP puso fin a esta situación.

Durante ese tiempo, según el consejero de Salud, la Gerencia del Área de Llerena-Zafra incumplió "sistemáticamente todo lo dispuesto en materia vigente en materia de contratación pública", ya que el servicio de mantenimiento del hospital segedano con la empresa Sainforan se estableció "verbalmente, sin licitación y sin tramitar expediente de contratación alguno".

En esos diez años, los responsables de la Consejería de Sanidad de Extremadura fueron Guillermo Fernández Vara y María Jesús Mejuto y los directores gerentes del SES, Francisco García Peña, Dámaso Villa y Ceciliano Franco, ha recordado Hernández Carrón tras precisar que entre las competencias de los consejeros se encuentran las de "control e intervención" para que lo ocurrido en el Hospital de Zafra "no sucediera".

El servicio de mantenimiento del Hospital de Zafra se estableció por una cuantía media mensual de 50.000 euros, lo que supuso que a Sainforan se le pagaran 1.600 euros diariamente durante diez años, una adjudicación total de siete millones de euros, "sin contrato y sin base jurídica legal".

Luis Alfonso Hernández Carrón ha anunciado también que comparecerá ante el Parlamento extremeño para explicar "con todo lujo de detalles" unos hechos que son "inaceptables" y ante los que el Gobierno de José Antonio Monago actúa, ha destacado, "con firmeza y con responsabilidad".

Por ello, ha insistido, se acude a la Fiscalía para "pedirle que inicie las diligencias necesarias para investigar este presunto delito y para que ejerza todas la acciones penales que sean procedentes para quienes lo cometieron".

A preguntas de los periodistas, Hernández Carrón ha indicado que, aunque los hechos se conocieron en noviembre de 2011, la denuncia no se presenta hasta ahora, porque lo primero que tuvieron que hacer fue "poner fin de inmediato a la prestación de servicios en esas condiciones.

Por su parte, la portavoz del PSOE en Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha asegurado que el Ejecutivo de José Antonio Monago gobierna desde el "revanchismo", lo que le recuerda a los "episodios más lamentables de la historia de la humanidad".

"Solo falta que pongan la cruz en las casas de los socialistas y les pongan un sello", ha dicho Gil Rosiña, quien no ha querido entrar a desmentir la denuncia argumentando que deben ser los jueces los que investiguen.

Sin embargo, ha instado al PP extremeño que expliqué por qué la trama Gürtel financió un congreso en la comunidad o por qué el actual consejero cobraba dietas de desplazamiento cuando era portavoz parlamentario si tenía a su disposición un coche oficial.