Madrid, 20 ene.- Los magistrados que integran la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su amparo ante las injerencias cometidas por el Gobierno en relación con la excarcelación del etarra Santi Potros que ellos acordaron.
La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez, acordó la excarcelación de los etarras Santi Potros y Alberto Plazaola en aplicación de su entendimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de una norma europea.
Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, como los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, criticaron esa decisión en términos que los jueces aludidos consideran no respetuosos con su independencia jurisdiccional.
Por eso piden al órgano de gobierno de los jueces que salga al paso de estas injerencias. Fuentes del CGPJ han informado a Efe de que posiblemente se estudie el asunto en la Comisión Permanente que se celebrará el próximo día 27 de enero y han añadido que la primera decisión será si admitir o no a trámite la queja.
En caso de hacerlo, la Comisión Permanente, el órgano verdaderamente ejecutivo dentro del CGPJ, pedirá alegaciones a jueces y gobierno antes de tomar una decisión.
No es la primera queja de los jueces en relación con este asunto, ya que el pasado 18 de diciembre trece magistrados de la Sala Penal del Supremo dirigieron un escrito a su presidente (Carlos Lesmes, también presidente del CGPJ) en el que pedían que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pusiera coto a declaraciones como las del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El titular de Interior señaló en una entrevista publicada por el diario La Razón que le parecían "lamentables" las excarcelaciones de presos de ETA, entre ellos Santi Potros, por parte de la Sección Primera de la Audiencia Nacional.
En la entrevista el ministro respondía a la pregunta de si los jueces están prevaricando que "yo no digo eso, pero si eso lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa, quizá en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación".
La decisión de la Sección Primera entró en contradicción con otras de la misma Audiencia Nacional respecto a otros etarras, pues distintas secciones de este tribunal entendieron de manera diferente la aplicación de un acuerdo marco de la U.E. de 2008 desarrollado por una Ley Orgánica española en 2014.
El propio Tribunal Supremo estudió el asunto recientemente y cambió su doctrina, anulando la decisión de la Sección Primera. Al tiempo, Potros ha vuelto a prisión por hechos por los que aún no había sido encausado.
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