ONU pide regularizar la actuación de las compañías privadas de seguridad

Ginebra, 14 sep.- El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre los mercenarios pidió hoy la creación de una convención internacional que regule de manera exhaustiva la situación legal de las compañías de seguridad privadas, tanto en sus países de origen como en los países en los que operan.

Así lo expresó hoy el rueda de prensa la presidenta de este grupo de trabajo, Faiza Patel, quien destacó la importancia de una norma internacional vinculante, como una convención, para evitar que las violaciones de derechos humanos por parte de estas compañías queden impunes.

Patel dio a conocer las conclusiones de tres informes que el grupo de trabajo ha elaborado la intervención de mercenarios en Irak, Sudáfrica y Guinea Ecuatorial, y adelantó que en breve mandará misiones a Libia y Costa de Marfil para estudiar la situación allí.

Según explicó Patel, los procesamientos de trabajadores de estas compañías acusados de violar los derechos humanos son muy difíciles, principalmente, por cuestiones jurisdiccionales, ya que en la mayoría de los casos operan como parte de las fuerzas militares desplegadas en un país, que, por norma general, no tiene potestad para juzgarlos.

Esto es lo que ha ocurrido en Irak, donde, según el acuerdo firmado por las autoridades estadounidenses e iraquíes en 2009, se eliminaba la inmunidad de estas compañías, pero no queda claro si esa provisión afectaba a todas las empresas contratadas por EE.UU y si éstas pueden ser juzgados por tribunales iraquíes.

"Como consecuencia, los iraquíes todavía tienen la sensación de que esta compañías gozan de impunidad, ya que, por ejemplo, ninguno de los implicados en la matanza de la plaza de Nissour por mercenarios de la compañía estadounidense Blackwater ha sido procesados", explicó Patel.

Por ello, el grupo de trabajo de la ONU considera "un primer paso urgente" que los Estados aprueben una normativa nacional que permita a sus tribunales tener jurisdicción sobre sus nacionales y sobre las empresas establecidas en su territorio que operen en el extranjero.

Patel citó a Suráfrica como uno de los países donde esta medida es especialmente urgente, ya que sus nacionales han sido históricamente reclutados por estas compañías desde el fin del régimen del Apartheid en 1994, por haber muchos suráfricanos con amplia formación militar no podían encontrar empleo en el país.

El país africano adoptó en 1998 medidas para regular esta situación, pero el grupo de trabajo de la ONU considera que es necesario profundizar en su implementación.

Después de los cambios en las normativas nacionales, el siguiente paso sería la aprobación de una convención internacional vinculante que regule de manera transparente las actividades de las compañías privadas de seguridad y la forma en la que éstas son contratadas, así como que respondan ante los tribunales en caso de violaciones de la ley.

Patel indicó que ya existe una Convención Internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios (1989), pero que sólo ha sido ratificada por 32 países.

Sin embargo, Patel explicó que lo establecido en esta Convención no es extensible a los trabajadores de compañías de seguridad, ya que define a los mercenarios como la persona contratada exclusivamente para desempeñar labores de combate en conflictos que implican a países con los que no tienen ninguna relación.

Según comentó, a menudo estas compañías no son contratadas para funciones de combate, sino para labores de logística, protección o seguridad, lo que impide considerar a sus trabajadores mercenarios desde un punto de vista estrictamente legal.

"Además, en el caso de las compañías de seguridad contratadas por Estados Unidos para la invasión de Irak, tampoco se les puede considerar mercenarios porque su contratante era parte implicada en el conflicto", aclaró.

En este sentido, Patel advirtió de que la tendencia a la privatización de muchas funciones que tradicionalmente correspondían a los Estados, como las operaciones de ayuda militar, el mantenimiento de la seguridad interior y las labores de policía, representan "un peligro creciente para los derechos humanos".