Organizaciones creen "un desvarío" quitar a ayuntamientos servicios sociales

Madrid, 24 abr.- Nueve organizaciones de la sociedad civil han reclamado hoy al Gobierno que no quite a los ayuntamientos las competencias sobre servicios sociales como se plantea en el proyecto de reforma local, lo que califican de "desvarío", y consideran que, de hacerse, "un escrache se quedaría corto; haría falta algo más".

Estas han sido las palabras de Ángel Quesada, representante de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), que ha participado en una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid junto con portavoces de diversos sindicatos y asociaciones empresariales y de ciudadanos.

En el acto, han mostrado la carta que las nueve organizaciones han enviado a los Ministerios de Hacienda, Economía y Empleo, en la que defienden la utilidad de la atención a los ciudadanos, tanto económica como socialmente, y reclaman que los ayuntamientos sigan prestándola por ser la administración "más cercana a las personas".

La secretaria general del Consejo General de Trabajo Social, Emiliana Vicenta, ha denunciado que el Estado ha dejado de invertir en "ancianos y también en niños", y cada vez es más frecuente ver "mayores que no pueden comprar medicinas" y menores "que solo comen en el colegio".

Para Vicenta, eliminar las competencias municipales supone "discriminar a los habitantes de los pueblos" frente a los de ciudades, y teme que los recortes "amenacen la cohesión social".

El secretario general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), Alfredo Bohórquez, ha destacado que los servicios sociales suponen 150.000 puestos de trabajo, de los que cerca de la mitad dependen de la administración local, y que se han reducido en 20.000 en los últimos dos años.

El vicepresidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Javier Gómez, ha hecho hincapié en que el dinero invertido en servicios sociales se destina principalmente a gastos de personal, que se pagan el mismo año, por lo que no genera deuda a largo plazo.

"Además, este gasto no es deslocalizable, no puedes llevarte la atención a un mayor de León a China, como una fábrica", ha añadido, por lo que la inversión repercute "en impuestos, en cotizaciones, todo en España" y ahorra en sanidad.

El secretario general de Servicios Privados del sindicato CCOO, Jesús Fernández, ha criticado lo que considera que provocará "un gasto innecesario en burocracia".

Se ha preguntado si "los habitantes de un pueblo de Albacete tendrán que desplazarse a la capital, Toledo, a solicitar las ayudas" o, lo que considera más probable, las comunidades deberán abrir oficinas en cada municipio, para lo que "ya existen los ayuntamientos".

Fernández ha sentenciado que "no hay que ahorrar en euros si eso supone ahorrar en dignidad" porque es preferible recibir un buen servicio en vida "en vez de que te entierren junto a puñado de dinero que hayas ahorrado".

Además de estas organizaciones, han firmado la carta la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), el sindicato UGT y la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El Consejo de Ministros dio el visto bueno el pasado 15 de febrero al informe de la reforma local, con la que el Gobierno persigue ahorrar unos 7.129 millones de euros y clarificar las competencias entre administraciones.

El texto debe ser estudiado ahora por el Consejo de Estado y analizado por la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros y su envío a las Cortes Generales.