Organizaciones entablan acción legal contra ley anti-inmigrante en Alabama

Atlanta (EE.UU.), 8 jul.- Una coalición de organizaciones civiles presentó hoy en Alabama una demanda contra la ley HB 56, una dura medida promulgada recientemente que penaliza la inmigración ilegal.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU), en conjunto con el Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC), el Sindicado de Trabajadores de Servicios (SEIU) y el Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC), entablaron hoy una acción legal contra ley anti-inmigrante de Alabama, por considerar que interfiere con leyes federales y favorece la práctica de perfil racial en el estado.

"Las comunidades de Alabama y alrededor del país están consternadas por el esfuerzo del estado de socavar los derechos civiles y los valores estadounidenses", dijo a medios Cecillia Wang, directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.

De acuerdo con las organizaciones civiles que entablaron la demanda, la nueva ley es "aún mucho más restrictiva que la ley de Arizona en la que se inspiró".

"Alabama ha promulgado descaradamente esta ley, pese al hecho de que cortes federales han detenido la entrada en vigor de cada una de estas leyes discriminatorias", agregó la representante de ACLU.

La medida, al igual que otras leyes aprobadas en Arizona, Georgia, Utah e Indiana, autoriza a la policía detener a una persona bajo sospecha de que se encuentre indocumentada en Estados Unidos, penaliza a quienes transporten a un indocumentado y exige a las empresas verificar el estatus migratorio de sus empleados.

No obstante, la HB 56 ha sido calificada por sus detractores como una versión "más dura" de la ley de Arizona SB1070, debido a que también exige a las escuelas públicas del estado determinar el estatus migratorio de los estudiantes y niega el acceso a educación superior a inmigrantes indocumentados.

"Si se permite que entre en efecto, esta ley va a disuadir a los padres a matricular a sus niños en las escuelas, restringir la habilidad de los individuos y los negocios a través de Alabama de entablar libremente actividades comerciales y coartará a los ministerios religiosos de brindar asistencia espiritual a sus feligreses", indicó Linton Joaquin, consejero general de NILC.

De acuerdo con los demandantes, la ley de Alabama viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, al permitir registros y decomisos "ilegales" de residentes de Alabama, incluidos muchos residentes legales en el país.

"En poco tiempo la ley de Alabama va a afectar la vida cotidiana de incontables residentes, nacidos en el estado y extranjeros por igual. Alabama no puede constitucionalmente convertir de hecho a maestros, propietarios de viviendas y miembros de la comunidad en agentes de inmigración" advirtió Joaquin.

La nueva medida exige que los negocios utilicen el programa federal "E-Verify" para verificar el estatus migratorio de sus empleados y establece que estos podrían perder sus licencias si contratan a indocumentados.

La ley además impide que las ciudades de Alabama puedan aprobar leyes locales en contra de que la policía haga cumplir las leyes federales de inmigración.

En Georgia, un juez bloqueó la pasada semana la entrada en vigor de las dos cláusulas más controvertidas de la ley estatal HB 87 en Georgia, las cuales permitían a la policía detener a cualquier persona para verificar su estatus legal y penalizaba a quienes albergaran o transportaran a personas indocumentadas.

"Al igual que hemos detenido leyes draconianas similares en Arizona, Utah, Indiana y Georgia de entrar en efecto, vamos a hacerlo en Alabama también", señaló Wang, de ACLU.