Una mujer de Pontevedra cumplirá dos años de prisión al haber admitido que ocultó a la Seguridad Social la muerte de su abuelo durante más de veinte años con el fin de continuar cobrando su pensión. Ahora, el conflicto que ha sido calificado de "negligencia" por la Fiscalía se encuentra entre la entidad pagadora, el Banco Santander y la propia Seguridad Social que no llegaron a comprobar la defunción del anciano.
La acusada ha reconocido que no informó del fallecimiento de su abuelo, ocurrido en enero de 1996, por lo que siguió cobrando su pensión mensual hasta octubre de 2016, cuando el hombre habría llegado a cumplir los 105 años, hasta haber percibido unos 132.000 euros.
El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, ha explicado que la acusada es "insolvente" por lo que el problema surge entre el pagador, el Banco de Santander donde el anciano tenía domiciliada su pensión y la Seguridad Social, entidad que enviaba el dinero mensualmente.
Las cantidades que durante años ha cobrado cada mes esta vecina de la localidad de A Estrada oscilaban entre los 329,50 euros que tenía su abuelo como pensión en 1997 y los 603,50 euros que alcanzó al final por la revalorización de las pensiones públicas.
Al desvelarse el caso, la Fiscalía ha confirmado que "evidentemente" la situación responde a una negligencia, pues en todo este periodo nadie comprobó que el anciano había fallecido, algo que, según han admitido, tampoco era un imperativo para la entidad bancaria.
La responsabilidad inicialmente es de la acusada, pero "debió haberse comprobado por parte de ambos", según ha transmitido el fiscal, ya que ni la Seguridad Social ni el Banco Santander llegaron a exigir a la acusada una fe de vida o un certificado de que su abuelo estuviese vivo.
Aladro ha informado de que, ante la insolvencia de la mujer, es el banco el que debe reingresar el dinero a las arcas de la Seguridad Social, ya que por ahora solo ha devuelto los 33.010 euros correspondientes a los últimos cuatro años. La entidad ha alegado que el resto de cantidades habrían prescrito, cuestión con la que ha diferido la Fiscalía al entender que se trata de un delito continuado.
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