El actual sistema de pensiones tiene los días contados y su viabilidad, tal y como lo conocemos hoy, solamente estará garantizada, en el mejor de los casos, durante los próximos diez años, según reconocía recientemente el secretario de Estado de Seguridad Social en funciones, Octavio Granado. En la actual legislatura será necesario acometer profundas reformas que sirvan para garantizar que el esfuerzo laboral de décadas tenga como recompensa una prestación decente y que sirvan para anticiparse al principal problema que planea en el horizonte de las pensiones: el aluvión de retiros de la generación del 'baby boom'.
La actual coyuntura, con tasas de desempleo elevadas, sueldos bajos, una pirámide demográfica invertida por la baja tasa de natalidad y una mayor longevidad -la esperanza de vida aumenta 16 meses cada diez años- y pensiones cada vez más importantes, se verá agravada a partir de 2023, cuando los primeros 'baby boomers' -nacidos a partir de 1958- empiecen a reclamar su prestación. La grave situación a la que se enfrentará el sistema en apenas cinco años ya se reproduce en muchas provincias españolas, en las que el sacrificio de los ocupados es claramente insuficiente para 'pagar' a jubilados y a los demás pensionistas.
Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la estadística de pensiones en vigor a 1 de abril que facilita la Seguridad Social y las pensiones no contributivas a marzo que se recogen en la página del Imserso dibujan ya un panorama insostenible en 37 de las 50 provincias y dos ciudades autónomas, en las que hay menos de dos ocupados por cada perceptor de una pensión. La situación resulta especialmente grave en dos provincias gallegas -Ourense y Lugo- y León.
Ourense es sin duda la provincia española más castigada por el envejecimiento y anticipa el peor escenario de lo que puede pasar en el futuro a nivel nacional en el caso de que no se produzca una recuperación económica intensa, se abre la puerta a una entrada masiva inmigrantes, los ingresos de los trabajadores aumentan considerablemente, se prolonga la vida laboral o se buscan nuevas vías para pagar las prestaciones, entre otras cosas. En la provincia gallega ya hay menos ocupados que personas recibiendo pensión -110.100 frente a 113.776- y la situación tiene todos los visos de agravarse tanto desde el punto de vista laboral como el de los perceptores de prestación.
De los 309.112 ourensanos que recogía el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2018, casi un tercio tenían más de 65 años; 20.325 superaban los 85 y 312 habían llegado a los 100, lo que convierte a la provincia gallega en una en la que hay más centenarios por cada 100.000 habitantes, en un grupo en el que también están Soria, Zamora, Salamanca y Lugo. Unido a esto, la última EPA colocaba a Ourense a la cola de España en tasas de actividad y empleo y su tasa de paro se situaba por encima de la media gallega y nacional.
En una situación muy preocupante también está Lugo, una provincia en la que prácticamente hay los mismos ocupados que pensionistas -131.900 frente a 121.127-. Mientras, en León -donde hay 174.500 trabajadores y 146.289 beneficiarios de prestaciones- y en Asturias -385.400 frente a 310.866-, el efecto de la minería tiene, además, un importante impacto en el desembolso destinado a las prestaciones de pensionistas y jubilados, ya que las del régimen del carbón son muy elevadas y se pagan durante más años.
En el lado opuesto se sitúan fundamentalmente provincias con un porcentaje elevado de jóvenes y con un alto volumen de trabajadores en el sector de la hostelería y el turismo, con muy cotizaciones elevadas, y que finalmente no se jubilan en la comunidad en la que trabajan durante años. En este grupo están las Islas Baleares y, también, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias, que pese a todo tienen un nivel de desempleo algo más elevado.
En cinco provincias costeras -Alicante, Almería, Málaga, Murcia o Girona- sucede algo similar que en Canarias y Baleares y en otras cinco -Albacete, Guadalajara, Madrid, Navarra o Toledo- el número de ocupados más que duplica al de los pensionistas y son capaces de aguantar holgadamente las pensiones de sus mayores. En el caso de Murcia, la positiva situación se debe a un amplio porcentaje de población joven, lo mismo que sucede en Madrid, con una amplia oferta de empleo y donde un buen número de trabajadores proceden de fuera y terminan cobrando sus jubilaciones en sus lugares de origen.
Mientras en Toledo y Guadalajara, dos provincias con un porcentaje de beneficiarios de prestaciones sociales muy reducido, su cercanía a la capital de España tiene un efecto muy positivo. En el caso de Guadalajara, pese a ser un ejemplo habitual de la España vacía y envejecida, con pueblos que en muchos casos no llegan a los 70 habitantes empadronados y que en invierno están prácticamente despoblados, el desarrollo económico de determinadas áreas propiciado por su cercanía a Madrid y a que muchas localidades se han convertido en ciudades dormitorio para jóvenes han conseguido frenar el efecto envejecimiento y propiciado que sea una de las provincias más sostenibles.
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