Reiteran rechazo a plan "Comunidades Seguras" y piden a Obama que lo suspenda

Chicago (EE.UU.), 17 ago.- Grupos pro reforma migratoria presentaron hoy testimonios de familias separadas por las deportaciones durante una acalorada audiencia en Chicago (EE.UU.)sobre el polémico programa Comunidades Seguras y reiteraron su rechazo al mismo.

Varios activistas, que protestaron frente al edificio en donde se realizó la audiencia, portaban carteles con la fotografía de John Morton, director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y la inscripción: "Buscado por perfil racial, aterrorizar comunidades, secuestro y violación de derechos humanos".

Al comienzo de la vista hubo gritos y abucheos cuando el encargado de la audiencia rechazó el contenido de una carta que presentaron los activistas, donde señalan que Inmigración "no actúa de buena fe y aprovecha estas audiencias con fines políticos".

Esa carta y otra dirigida a Morton fue firmada por funcionarios electos locales y estatales, así como representantes de más de 30 organizaciones comunitarias, empresariales y religiosas de Illinois, estado que fue uno de los primeros en cancelar su participación en el polémico programa.

A Morton se le reiteró el pedido de que respete la decisión del gobernador de Illinois, Pat Quinn, de suspender la colaboración del estado con Comunidades Seguras.

Los firmantes aseguraron que la reciente decisión de "terminar unilateralmente" con los memorandos de entendimiento y declarar obligatoria la colaboración de los estados con ICE, "desacredita los esfuerzos de esa agencia para reformar el programa".

"En lugar de solucionar el problema, ahora le dicen a los estados que no tienen otra opción sino colaborar con ellos", dijo Fred Tsao, director político de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados.

En cifras manejadas por la coalición, el 75 por ciento de los detenidos en este estado y entregados a Inmigración para deportación son personas sin antecedentes criminales graves.

Esta cifra fue contradicha por una declaración previa de la comisión, según la cual entre octubre de 2008 y junio de 2011 hubo 120.684 deportados por este programa, y de ellos solamente 7.410 eran personas sin antecedentes.

Los testimonios comprendieron a Jorge Ávalos, cuyo hermano Ramiro fue deportado el mes pasado después que la policía detuvo su automóvil por sospechar de un amuleto colgado en el espejo retrovisor.

También Roberto Procopio y Susana Chinchilla, quienes se encuentran en proceso de deportación tras ser detenidos por infracciones menores de tránsito.

Carolina Rivera, madre de un pequeño, estalló en llanto al relatar que su esposo Arnulfo será deportado este viernes tras ser detenido por error y comprobarse que era indocumentado.

Por su parte, Mario de la Rosa dijo ser afortunado al contar con un abogado que ha evitado su deportación a México.

A su lado, la abogada Mony Ruiz Velasco del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante de la organización Heartland Alliance de Illinois, agradeció la realización de la audiencia pero dijo que "con hablar no se arregla nada, el presidente (Barack) Obama tiene que hacer algo inmediatamente y terminar Comunidades Seguras".

La abogada señaló los "tremendos problemas" que enfrentan los indocumentados encarcelados a la espera de la deportación.

No tienen abogados de oficio, son detenidos en celdas aisladas y prisiones donde no tienen acceso a abogados y familiares, afirmó.

Este martes, los activistas protestaron contra las deportaciones frente a la sede de la campaña nacional de reelección del presidente Obama en Chicago.

El Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante de la organización Heartland Alliance de Illinois presentó una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad Nacional por aplicar órdenes de retención contra detenidos mientras investiga su estatus migratorio.

La audiencia de Chicago es la tercera realizada por una comisión especial nombrada por la Secretaria de Defensa Nacional para revisar la marcha del programa y realizar recomendaciones.

Según los activistas, además de dejar sin efecto el programa el Inspector General del Departamento de Justicia debería investigar el papel de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Comunidades Seguras.

También señalan que los estados y localidades no deberían ser obligados a participar en esos programas, incluyendo el envío de huellas digitales u otra información biométrica al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En ese mismo sentido esta dirigido el informe "Restableciendo la Comunidad - un reporte nacional de asesoramiento a la comunidad sobre el fallido programa 'Comunidades Seguras' del ICE", que fue realizado por una comisión de representantes de 19 organizaciones nacionales defensoras de los inmigrantes.

El documento señala que el programa debe ser eliminado, igualmente sugiere que se complete una auditoría sobre el mismo y que se investigue el papel del FBI en "Comunidades Seguras".