Madrid, 17 may.- La asociación de reciclaje Retorna presentará una queja ante el Defensor del Pueblo y la Comisión Europea por el Real Decreto que modifica el Sistema de Retorno de Envases (SDDR), al considerar que retrotrae a España a políticas de residuos cercanas a 1997.
Así lo ha anunciado en una entrevista con EFEverde el director ejecutivo de Retorna, Miquel Roset, para quien el Gobierno, presionado por "lobbies" de la industria del envasado y reciclaje, ha modificado el sistema de depósito que pierde el carácter de obligatoriedad para ser voluntario, salvo en casos de difícil gestión del residuo.
"Se ha abortado la única opción legal" de poder implantar un sistema que se ha demostrado útil en países como Alemania o Canadá y se ha vuelto a las políticas de residuos de 1997, ha subrayado, puesto que en dicha Ley de Envases y Residuos ya se proponía al SDDR como la mejor opción para gestionar los residuos de envases.
Además, el decreto ha dejado a España sin una opción que figura en las directivas comunitarias, pues el SDDR se implantará de forma voluntaria, algo que si no ha ocurrido en 14 años difícilmente se hará.
"Vamos a recurrir al Defensor del Pueblo -ha manifestado Roset-, para que una vez considerado, interponga un recurso de inconstitucionalidad."
Desde Retorna han apuntado que es una situación "ilegal" en la que la vía de urgencia no tiene cabida, ya que había un periodo de tres años para decidir.
Además, han destacado que los fabricantes de latas de bebidas o de botellas de plástico ven en peligro su negocio si se implantara la reutilización de envases y han dicho que estos fabricantes "quieren producir, pero desligarse de la norma sobre la Responsabilidad del Productor", y han añadido que "según nuestros cálculos el 50 % de los envases no paga punto verde".
En contra al SDDR, figuran la Asociación de Latas de Bebidas (ALB), Ecoembes, Ecovidrio y la patronal del pequeño comercio y las grandes superficies.
El director de la Asociación de Latas (ALB), Miguel Aballe, ha asegurado que la modificación del SDDR "no es un cambio de primera magnitud", aunque ha reconocido que este nuevo sistema dará más "seguridad jurídica" a los fabricantes.
El sector está "contento", ha afirmado Aballe, ya que con la modificación se aplicará la obligatoriedad cuando no haya más remedio, pero en los envases domésticos, salvo excepciones, no hay nada que justifique aplicar el sistema de depósito.
El director de ALB ha explicado que el SDDR estaba condenado al fracaso pues adolecía de informaciones claves para el consumidor: "muchos ciudadanos pensaban que al entregar el envase se les pagaría una cantidad por reciclar, además para el comercio suponía habilitar espacio para las máquinas, colas para depositar y recuperar envases y pérdida de dinero por parte de los consumidores".
Con dicho sistema, los envases se recogen más limpios, más íntegros y en mejores condiciones, pero no hay que olvidar que el SDDR cuesta 2 o 3 veces más, en detrimento del sistema actual que funciona bien.
Los fabricantes de envases consideran que no se puede pedir un esfuerzo extraordinario al consumidor para ganar un punto de reciclado; es mejor que haya un sistema universal y que cualquier envase utilizado pueda ser depositado en el mismo contenedor y no sólo los considerados de elite: zumos, agua, refrescos y cervezas.
En cuanto a las máquinas de recogida de envases, Aballe ha apuntado intereses ocultos tras lo que él llama el "Gran Negocio: 24.000 máquinas a un precio estimado de 20.000 euros cada una generarían 500 millones de euros, sobran las palabras".
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