Sector papelero vasco prevé una escalada de recursos por la reforma eléctrica

  • El Clúster del Papel en Euskadi ha augurado hoy una "avalancha" de recursos contra el carácter retroactivo de la reforma eléctrica aprobada por el Ministerio de Industria a la que ha augurado un resultado similar al del céntimo sanitario en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

San Sebastián, 26 jun.- El Clúster del Papel en Euskadi ha augurado hoy una "avalancha" de recursos contra el carácter retroactivo de la reforma eléctrica aprobada por el Ministerio de Industria a la que ha augurado un resultado similar al del céntimo sanitario en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El presidente del clúster papelero vasco, Luis Fernando Ruiz de Arrue, se ha referido hoy durante la presentación del balance del ejercicio 2013 a la reforma eléctrica impulsada por el Gobierno que según sus cálculos costará al sector en el País Vasco 43 millones de euros.

El clúster considera esta cifra "inasumible" para las empresas y una de las causas de las previsiones negativas del sector que no ve la recuperación para 2014 tras siete años de crisis.

Ruiz de Arrue ha asegurado que la preocupación por la nueva normativa es compartida por el Gobierno Vasco, que se ha mostrado "muy receptivo" sobre los planteamientos del clúster y sobre el "peligro" que significa.

En este sentido ha señalado que el sector papelero en el País Vasco sufre costes energéticos entre el 80 y el 120 % superiores a los de competidores como Francia, Alemania o Finlandia.

Ha reconocido que no hay posibilidad de dar marcha atrás en la norma, ya que la orden que regula los nuevos parámetros de retribución de las instalaciones de energía renovable cogeneración y residuos se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado, "con efecto retroactivo a julio de 2013".

Ruiz de Arrue ha considerado este aspecto una "aberración", por lo que las empresas papeleras y de otros sectores afectados como el eólico o el fotovoltaico, "en su legítima defensa de sus intereses", se defenderán y "habrá una avalancha de recursos".

A su juicio, la decisión del Gobierno ha sido "arbitraria" al aplicar la norma con retroactividad y porque se ha establecido una rentabilidad "razonable" del 7,5 % pero "no ha sido "objetiva" la manera de llevar a cabo este cálculo.

Ha señalado que puede presentarse una situación similar a lo sucedido con céntimo sanitario que entró en vigor en 2005 y finalmente "Bruselas dio la razón a los demandantes nueve años después".

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