México, 26 sep.- La Suprema Corte de Justicia de México comenzó hoy a discutir si los congresos de cada estado pueden legislar para penalizar el aborto, en vista de que en algunos de ellos ya se han aprobado leyes que lo castigan.
El máximo tribunal, compuesto por once magistrados, analizará en principio leyes que penalizan la interrupción del embarazo aprobadas en los estados de San Luis Potosí (norte) y Baja California (noroeste).
Pero la decisión que adopten los jueces, que tiene que ser anunciada el próximo jueves como fecha tope, según dijeron a Efe fuentes del tribunal, también se aplicará a los 16 estados mexicanos restantes que tienen legislaciones similares.
El magistrado José Fernando Franco González Salas presentó un proyecto en el que considera inconstitucionales las leyes de 18 estados del país que "protegen la vida desde la concepción", por considerar que estas van contra el Estado laico mexicano.
Los congresos locales "no pueden establecer en sus constituciones esa protección a la vida en contravención de la Carta Magna, que no la contempla, y de tratados internacionales en la materia", según el juez.
En su presentación, el magistrado insistió en que esas leyes "atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres, particularmente su libertad y salud reproductiva, además de ser contrarias a la Constitución federal".
En su discurso pidió "prudencia y tolerancia" para analizar este polémico tema, mientras que el magistrado Sergio Aguirre Anguiano fijó su postura en contra del proyecto.
Mientras se realizaba esta discusión, afuera de la sede del máximo tribunal, en Ciudad de México, una treintena de representantes de grupos sociales protestaban en contra de este proyecto por considerar que todo ser vivo, desde su concepción, tiene derecho a la vida.
"La propuesta es en sí mismo anticonstitucional porque pretende quitar a los estados la competencia en materia de protección a la vida de los no nacidos, pero esto es materia propia de las entidades federativas", explicó a Efe la presidenta de la asociación civil Voz Pública, Leticia González.
Según la activista, los derechos del concebido no nacido están protegidos por la Constitución, el derecho internacional en materia de derechos humanos y las leyes federales y locales del país.
Un total de 18 de los 32 estados de México han aprobado reformas que protegen la vida desde la concepción; en algunos de ellos, como Guanajuato, se castiga con cárcel a las mujeres que abortan.
En Ciudad de México, donde gobierna el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), es legal la interrupción del embarazo desde 2007, dentro de las primeras doce semanas de gestación.
Esa despenalización del aborto en el congreso local de la capital mexicana provocó el inicio de una contracampaña en 18 estados y en los que se elaboraron leyes que protegen la vida desde la concepción.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, se pronunció hoy a favor de despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo y consideró que las parejas y mujeres son quienes deben tomar la decisión de cuántos hijos quieren tener y cuándo.
El pasado fin de semana, algunos jerarcas católicos llamaron a evitar que la Corte declare inconstitucionales las llamadas leyes antiaborto.
Por su parte, representantes del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), conservador, y del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) también han exhortado al máximo tribunal a respetar la decisión de los congresos locales para legislar en materia de protección del derecho a la vida.
Los estados que penalizan el aborto son Baja California, San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Morelos, Colima, Puebla, Jalisco, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas.
Los once jueces que integran el plenario de la Suprema Corte deberán resolver esta semana si es constitucional otorgar al concebido el carácter de "individuo" (persona humana) desde el momento de la concepción y considerarlo como nacido para todos los efectos legales, hasta su muerte.
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