Tormenta política por la decisión municipal de Vic de informar sobre irregulares

  • Barcelona.- La decisión del Ayuntamiento de Vic de informar al Estado de aquellos inmigrantes en situación irregular que pidan empadronarse ha generado una tormenta política en Cataluña por una medida que los críticos ven electoralista y que puede hacer peligrar el acceso de los sin papeles a los servicios básicos.

CDC dará carta blanca a sus ayuntamientos para seguir los pasos de Vic
CDC dará carta blanca a sus ayuntamientos para seguir los pasos de Vic

Barcelona.- La decisión del Ayuntamiento de Vic de informar al Estado de aquellos inmigrantes en situación irregular que pidan empadronarse ha generado una tormenta política en Cataluña por una medida que los críticos ven electoralista y que puede hacer peligrar el acceso de los sin papeles a los servicios básicos.

El propio presidente de la Generalitat, José Montilla, ha acusado a CiU de tener la "tentación" de utilizar la inmigración irregular como tema para obtener réditos electorales.

"Si no, no entiendo estas polémicas estériles que no llevan a ninguna parte", ha afirmado Montilla en declaraciones a RAC1 recogidas por Efe, mientras que CDC anunciaba que dará carta blanca a sus alcaldes para que sigan los pasos del Ayuntamiento de Vic, gobernado por Josep Maria Vila d'Abadal (CiU).

El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, ha respaldado esta medida porque a su juicio no implica "delatar" a los irregulares, sino "utilizar el padrón como un instrumento de información" entre administraciones.

El ayuntamiento de Vic adelantó que informará "caso a caso" al Gobierno de los inmigrantes empadronados que "no tengan los requisitos de residencia legales", después de que, en contestación a una pregunta de CiU, la comisaria de interior de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, afirmase que las autoridades españolas "no son libres para tolerar" esta situación sin actuar.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña han informado a Efe de que desde el pasado viernes, cuando el Ayuntamiento de Vic anunció su intención, no se había comunicado a la administración del Estado ningún caso de empadronamiento por un irregular.

El alcalde de Vic reconocía hoy mismo que los inmigrantes sin papeles que quieran empadronarse se encontrarán ante una "situación perversa" ya que si quieren acceder a los servicios universales, correrán el riesgo de ser devueltos a sus países.

En declaraciones a TV3, Vila d'Abadal ha puntualizado que el ayuntamiento de Vic no es responsable de esta situación, que ha atribuido a un sistema "que está mal montado".

ERC cree que el eurodiputado de CiU Ramon Tremosa -que formuló la polémica pregunta a la Comisión europea- malinterpretó la contestación de la comisaria Malmström.

Fuentes republicanas han puntualizado a Efe que su edil en este consistorio, Joan López Carol, responsable del área de Acción Social, defenderá siempre la ley de protección de datos.

En la misma línea, el PSC ha advertido al consistorio de Vic que si informa al Estado sobre los inmigrantes irregulares que empadrona podría vulnerar la ley de protección de datos.

Por su parte, la presidenta del PPC, Alícia Sánchez Camacho, ha avanzado que instará a todos los concejales populares a presentar mociones para que se comuniquen a la Delegación del Gobierno todas las presuntas "situaciones irregulares" de inmigrantes reveladas por el padrón.

En el lado contrario, el secretario general de ICV, Joan Herrera, ha censurado al presidente de CiU, Artur Mas, por avalar la medida del ayuntamiento de Vic, que según ICV es una "mala copia de la de grupos xenófobos" y es propia de un "Estado policial".

Varias organizaciones han criticado la medida, entre ellas SOS Racisme, que la calificado de "caza contra las personas sin papeles" y una forma de convertir a "los funcionarios en policías delatores", o la Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes que ha mostrado su temor a que la inmigración se convierta en una baza electoral de cara a los comicios al Parlament del próximo otoño

Estas entidades han acusado al consistorio de ofrecer una versión "tergiversada" de la respuesta de la Comisión Europea a este asunto, a la vez que han pedido a los responsables municipales que no se "instrumentalice" el empadronamiento de los recién llegados.

Por su parte, la consellera de Justicia, Montserrat Tura ha advertido del peligro que supone tener a ciudadanos sin acceso a los servicios básicos, se ha preguntado. "¿Queremos una sociedad en que unas criaturas, que por haber nacido en uno u otro país, estén dentro o fuera de la escuela, que tengan derecho o no a ser atendidas de una apendicitis?", ha añadido la consellera.

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