Varias asociaciones cursan una queja al Defensor del Pueblo por redadas "racistas"

Madrid.- Un total de 141 asociaciones que trabajan con inmigrantes en España cursaron hoy una queja al Defensor del Pueblo y al Ministerio del Interior en la que denuncian las redadas y detenciones de extranjeros que se llevan a cabo "al margen de la ley" y con criterios "racistas y étnicos".

Hicieron esta denuncia en Madrid durante la presentación del informe jurídico "Controles de identidad y detención de inmigrantes. Prácticas ilegales".

La catedrática de Derecho Penal, Margarita Martínez, reveló que el Estado está usando "la fuerza sin sujeción a las normas y vulnerando derechos de núcleo duro como la privación de libertad".

El estudio, elaborado por el Grupo Inmigración y Sistema Penal -formado por fiscales, jueces y catedráticos de derecho penal- analiza la legalidad de detener y conducir a comisaría a extranjeros documentados pero que no acreditan su estancia legal en España, así como identificar en lugares públicos y seleccionar a los extranjeros por sus rasgos étnicos o raciales.

Hace unas semanas, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció que los agentes están obligados a hacer "detenciones preventivas" en cumplimiento de una instrucción emitida este año por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

En un año y sólo en el territorio de la Comunidad de Madrid se han practicado 445.000 "detenciones preventivas", según las cifras del SUP.

Por todo ello, más de 140 asociaciones que trabajan con inmigrantes presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior, en donde califican esta práctica policial de "absolutamente ilegal", dado que los agentes carecen de habilitación para privar de libertad a una persona que, en todo caso, sólo ha incurrido en una falta administrativa.

La Ley de Extranjería se limita a imponer una multa económica a los extranjeros que están en España en situación administrativa irregular (sin papeles).

El informe jurídico, presentado por el profesor de Derecho Penal José Miguel Sánchez Tomás, afirma que los controles para identificar a una persona en la vía pública quedan sometidos a "estrictos" requisitos legales, como la constancia de la comisión de un delito que cause grave alarma social o bien que su finalidad sea descubrir a los autores del delito.

Por tanto, explicó Sánchez, la ley de seguridad ciudadana sólo habilita a los agentes a ejercer funciones judiciales y no administrativas y, en consecuencia, los controles "masivos no tendrían cobertura legal".

Tampoco "cabe jurídicamente" la selección de inmigrantes por sus rasgos raciales ni conducirlos a las comisarías, agregó.

El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió hoy las actuaciones policiales para garantizar "la libertad y la seguridad" en las calles, en alusión a esta denuncia.

Corbacho explicó que él siempre ha partido de la base de que "no hay libertad sin seguridad y siempre he visto en la Policía la garantía" de las mismas.

"Por lo tanto, la Policía hace su función en la calle para garantizar la seguridad necesaria en la calle, a la que todo ciudadano tiene derecho", añadió.

Precisamente hoy se presentó también el informe "Evolución del racismo y la xenofobia en España (2009)", elaborado por el Observatorio del Racismo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que concluye que la actual crisis ha elevado el rechazo de la población española hacia los inmigrantes, cuyo número considera "excesivo", y ha acrecentado su demanda de políticas migratorias más restrictivas.