La FIFA debe "presionar" a los países anfitriones de sus competiciones que no respeten los derechos humanos y debe tener en cuenta este criterio para la atribución del Mundial 2026, señaló el experto John Ruggie, en un informe publicado este jueves a petición de la FIFA.
La institución que dirige el fútbol mundial ha estado en el centro de las críticas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos especialmente por la atribución del Mundial 2022 a Catar, un rico estado en el que se han constatado abusos continuados a los trabajadores extranjeros que participan en la construcción de las infraestructuras para el torneo.
Según Ruggie, las prioridades a corto plazo son tomar en consideración "los riesgos ligados a los derechos humanos" en los torneos ya programados y utilizar "todos los medios para hacer presión" en los países anfitriones para que respeten los compromisos de la FIFA en materia de derechos humanos.
Además la FIFA "debe finalizar la integración de los criterios de los derechos humanos" para la atribución de la Copa del Mundo 2026. Este proceso fue suspendido debido al escándalo de corrupción que sacude a la institución desde hace un año.
"La FIFA no es responsable de la violación de los derechos humanos por las organizaciones con las que trabaja o por los países que reciben sus competiciones. Pero en lo que sí es de su responsabilidad, se arriesga a exponerse a las consecuencias (de estos abusos)", señala el experto.
"La FIFA se compromete a respetar los derechos humanos", reaccionó el presidente de la federación, Gianni Infantino, en un comunicado, subrayando que se trata de "un proceso en curso" y reconociendo que "sigue habiendo problemas".
Ruggie fue solicitado en diciembre por la FIFA para formular recomendaciones con el objetivo de aplicar los principios relativos a las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas.
En su informe cita el caso de Papúa Nueva Guinea, que organizará el próximo Mundial femenino de menores de 20 años a finales de 2016.
El país es conocido como "uno de los peores en materia de violencia sexual contra las mujeres, el tipo de caso que reclama una toma de consciencia en relación con los criterios de los derechos humanos durante el proceso de evaluación de las candidaturas".
Además subraya los riesgos ligados a la corrupción para los antiguos responsables de la FIFA imputados por la justicia de Estados Unidos.
"La falta de integridad financiera constituye una fuente fundamental de riesgos para atentar contra los derechos humanos", explica, recordando las reformas adoptadas en febrero por la FIFA para reforzar su gobierno y la integridad de sus miembros.
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