El pago de 1,8 millones de euros en 2011, supuestamente por trabajos de asesoría concluidos una década antes sin mediar contrato escrito, motivó primero una suspensión provisional que duraba hasta principios de enero. Ambos pueden ahora recurrir el castigo de ocho años ante el Comité de Apelación de la FIFA y después, eventualmente, ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).
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