El consejo del Racing se opone al informe de los administradores concursales

  • El Consejo de Administración del Racing se ha opuesto al informe presentado por los administradores concursales que apunta al expresidente del club Francisco Pernía como responsable de las posibles irregularidades, y pide que devuelva casi cinco millones de euros a la entidad.

Santander, 29 nov.- El Consejo de Administración del Racing se ha opuesto al informe presentado por los administradores concursales que apunta al expresidente del club Francisco Pernía como responsable de las posibles irregularidades, y pide que devuelva casi cinco millones de euros a la entidad.

Los administradores concursales que firman este informe -Ramón Camarera, Santiago Ruiz Asenjso y Alejandro Alvargonzález- solicitan una inhabilitación por un plazo de cinco años para Pernía, para el máximo accionista del club, Ahsan Ali Syed, y para su empresa WGA.

En un comunicado, Sancho Michell señala, en su "condición de portavoz" del Gabinete de Presidencia, que la oposición mostrada por el Consejo "no se debe, exclusivamente, a motivos de forma, sino también de fondo".

Así, apunta que los administradores concursales "consintieron", en diciembre de 2011, el ejercicio del derecho de voto de 1.370.000.000 de acciones que WGA Sports Holding no podía utilizar hasta el 16 de mayo de 2012, "tal y como ellos sabían, porque intervinieron incluso en la escritura para la inscripción registral de las nuevas acciones emitidas objeto de la venta".

También destaca que realizaron una "aportación económica muy importante al grupo de televisión, que reconocen que no estaba presupuestada", y que "el rendimiento obtenido está muy lejos del que anunciaban".

"La Administración Concursal ha cometido errores, que el Consejo de Administración subsanará, en la constitución de la Fundación del Racing", opina Michell.

Y añade que los administradores concursales renegociaron todos los contratos de mantenimiento, vigilancia, limpieza, arrendamiento y, "ni siquiera, se han molestado en explicar los motivos por los que lo realizaron".

Además opina que "la demora en la tramitación del ERE, que tenían que haber ejecutado antes de finalizar el ejercicio anterior, incrementó su coste en más de 100.000 euros".

También hace hincapié en que los ingresos por publicidad previstos en el plan de viabilidad diseñado por los administradores "carecen de justificación razonable y conducen irremediablemente al déficit, si el actual Consejo de Administración no lo remedia de otro modo".

En cuanto a la ampliación de capital "prevista para la viabilidad del convenio", que según Michel "viene condicionada por la descoordinación de las iniciativas, judicial y arbitral, de Dumviro y Cantur, respectivamente, así como por la eventual afectación de los derechos de prenda de las acciones", el Consejo sostiene que "a los administradores concursales les consta la existencia de los procedimientos, porque lo reconocen, pero no han hecho nada al respecto".

Afortunadamente, en opinión de Michell, las iniciativas de los servicios jurídicos del Racing "ya han dado sus frutos y se descarta que el arbitraje pueda afectar a los derechos del Racing presentes o futuros".

Por otra parte, el Racing ha informado de que ha emprendido una política de "tolerancia cero contra la violencia", por lo que el club presentará una denuncia en la que "se relata todo lo sucedido desde el pasado 1 de noviembre".

Así, el Racing "pondrá en conocimiento de la Justicia": insultos racistas proferidos contra un jugador del Racing, amenazas al entrenador Fabri González, reparto de alcohol en los aledaños antes del partido ante el Villarreal, insultos a un consejero, desórdenes en la grada durante ese partido, daños materiales y agresión a un agente de seguridad.

Para todos los casos el Racing solicitará "las máximas sanciones tanto penales como disciplinarias".

El Racing informa de que ya se ha dirigido a la Policía Nacional para que le sea facilitada la identidad de las personas implicadas en los actos ocurridos el pasado 1 de noviembre.

Y anuncia que el Consejo de Administración ha tomado la determinación de ampliar la denuncia contra cualquier persona que se vea implicada en cualquier tipo de violencia y que resulte identificada.

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