El juez interroga a Neymar y sus padres por presuntas irregularidades en su fichaje

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración hoy al jugador del Barcelona Neymar, al que imputa los delitos de estafa y corrupción entre particulares en el marco de la causa en la que investiga el traspaso del brasileño al club catalán.

El magistrado, que ha tomado este lunes declaración como investigados al presidente del Barça, Josep María Bartomeu, y su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, también interrogará a partir de esa hora a los padres del futbolista, Neymar Da Silva Santos y Nadine Gonçalves.

En su comparecencia ante el juez, Bartomeu y Rosell se han limitado a ratificar las declaraciones prestadas ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que les interrogó entre los meses de julio de 2014 y febrero de 2015 en el marco de la causa principal, en la que se les investigaba por un presunto delito fiscal en el traspaso del jugador y ha sido asumida por los Juzgados de Barcelona.

Bartomeu explicó en aquel momento que el encargado de cerrar el fichaje en Brasil fue su antecesor Rosell y que él no tuvo intervención alguna. Por su parte, éste último defendió en 2014 la legalidad de la operación y cifró el traspaso en 57,1 millones de euros.

El juez De la Mata admitió en junio pasado una querella presentada por la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, que poseía el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador, al entender que el equipo azulgrana pudo adquirirlos en 2013 "fuera de la normal competencia" y por un valor "inferior al del mercado".

Según el juez, la operación para adelantar la incorporación del futbolista a la temporada 2013-2014 pudo "quebrar la libre competencia en el mercado de fichajes".

En este sentido, se dirigió al Real Madrid, al Manchester United, al Bayern de Munich y al Chelsea para preguntarles las ofertas económicas que habían realizado por el jugador, aunque sólo contestaron el equipo español, que cifró su propuesta en 45 millones de euros, y el alemán, que aseguró que no concretó ninguna cifra.

En octubre pasado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, órgano superior al magistrado instructor, avaló la apertura de la investigación en dos autos en los que señalaba que las operaciones urdidas por los querellados tenían "visos de perpetración criminal".