Barcelona, Madrid y París exigen a los Estados más financiación para las ciudades y abrir los espacios de gobernanza a las administraciones locales, en un manifiesto conjunto firmado por sus alcaldesas, Ada Colau, Manuela Carmena y Anne Hidalgo, de cara a la conferencia mundial Hábitat III, que se celebrará en Quito del 17 al 20 de octubre.
La primera edil barcelonesa ha defendido en declaraciones a los periodistas que los Estados deben tener más en cuenta a las ciudades, que deberían recibir un 25% de la financiación total que se reparte entre el Estado, las CC.AA. y los municipios, cuando ahora se sitúa en el 13% en España, en un sistema planteado según "un esquema del siglo pasado".
Colau ha viajado a Bogotá para asistir a la Cumbre Mundial de Líderes Locales (CGLU) y Regionales, que se celebra hasta este sábado antes de la cumbre de Hábitat III en Quito, que fijará las prioridades de la Nueva Agenda Urbana para las próximas décadas, en una conferencia de Estados que por primera vez reconoce formalmente la participación de la ciudades, a través de la Asamblea de Gobiernos Locales.
La alcaldesa de la capital catalana ha avisado de que es esencial que las ciudades participen en la aplicación de esta agenda urbana para lograr su máxima eficacia, y ha resaltado: "No sólo queremos que se escuche nuestra voz, sino que queremos algún mecanismo específico de participación, implementación, seguimiento y evaluación de esta agenda urbana".
MANIFIESTO
El manifiesto conjunto advierte también de que la colaboración con los gobiernos locales es indispensable para desarrollar la nueva agenda urbana, y sostiene que "lo que es global ya no es concebible sin lo que es local, ni lo que es local sin el global, por lo que resulta incongruente relegar a las ciudades al papel de observadoras en los grandes debates globales".
Apuesta por que la nueva agenda urbana incorpore problemáticas globales --como las desigualdades, el cambio climático y la crisis de refugiados-- y también cuestiones como el impacto del turismo, la gestión del agua, la transición energética y el fomento de una economía productiva, diversificada y responsable.
Considera que los gobiernos locales son los que tienen más facilidad para llegar a acuerdos --dice que, donde los Estados compiten, las ciudades cooperan---, y que desaprovechar esta capacidad supone un déficit democrático que "sólo se explica por la inercia del pasado y por la voluntad de los gobiernos nacionales de mantener delimitado un monopolio de decisión a escala internacional".
En el manifiesto, las tres ciudades aseguran que los Estados tienen cada vez más dificultades para dar respuesta a grandes desafíos --vuelve a citar las desigualdades, el cambio climático y los desplazamientos de población por guerra, miseria o desastres naturales--, mientras que las ciudades han demostrado que, "pese a la infrafinanciación, pueden hacer más con menos".
Pide a los Estados que destinen un 25% de la financiación a administraciones a los gobiernos locales, y también que los fondos globales y europeos permitan a las ciudades acceder a los mecanismos de financiación globales, e insiste: "Los Estados deberían asegurar los recursos suficientes para que las ciudades puedan desarrollar sus políticas de forma eficiente".
VALORES EUROPEOS
Avisa de que la situación de Europa ha "hecho que se tambaleen los principios del proyecto europeo mediante las políticas de recortes y la austeridad, que erosionan el Estado de bienestar; las políticas de recentralización, que limitan los recursos y las competencias de los entes subestatales, y la restricción del derecho de asilo, que supone una de las ofensas más graves a los valores fundacionales".
"Ante las políticas de replegamiento nacional que fomentan la xenofobia y el euroescepticismo, las ciudades europeas tenemos la responsabilidad añadida de fortalecer la cooperación intermunicipal y ser baluartes de defensa de los principios democráticos que impulsaron el proyecto europeo", zanja el manifiesto conjunto.
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