Según el texto, el Congreso reconoce la energía "como un bien público y común" y por este motivo se insta a establecer "garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales".
La enmienda transaccional aprobada también llama a impulsar una "tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta", que sería sufragada por las compañías eléctricas, la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) --estimados en más de 3.500 millones de euros--, una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y una específica del déficit de tarifa.
Asimismo, entre otras cuestiones, insta a modificar el IVA para aplicar tipos reducidos a electricidad, gas y agua, exige a las compañías a publicar trimestralmente el número de hogares que no pueden abonar las facturas energéticas y que se ven afectados por la interrupción del suministro.
También reclama "respetar y reforzar si cabe" las competencias que tienen las comunidades autónomas para luchar contra la pobreza energética, impulsar una mejora en la eficiencia energética y exigir a las compañías "una mayor y mejor información" sobre los conceptos incluidos en las tarifas.
De esta manera, reza la moción, "los consumidores pueden evaluar y comparar las ofertas con las de otros competidores con información veraz, transparente, completa y sencilla"
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