La Diputación de Barcelona intervendrá y realizará auditorías energéticas en 4.000 hogares en situación de pobreza energética de 212 municipios con un programa de un millón de euros, que aportará mejoras de eficiencia energética y asesoramiento tarifario para reducir el gasto de las familias, para las que supondrá un ahorro conjunto de 1,2 millones anuales, y disminuirán las emisiones de CO2 en 630 toneladas al año.
La diputada de Bienestar Social de la Diputación, Maite Fandos, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que el programa se implementará entre este noviembre y hasta 2018, y que comportará una auditoría, en una primera visita, que instalará aparatos de monitorización de consumo eléctrico y analizará las facturas y hábitos de consumo, además de la situación de salud de las familias.
En un segundo contacto, instalarán elementos de mejora de eficiencia energética --como bombillas de bajo consumo y aislamiento para las ventanas-- y se realizará un asesoramiento con consejos de consumo eficiente y para optimizar las condiciones de contratación de los suministros, que podrán derivar en que la Diputación realice para las familias los trámites tarifarios.
AHORRO DE 25 EUROS AL MES
Una prueba piloto ha aplicado este proyecto en 40 municipios de la comarca barcelonesa de Osona y en el municipio Vilanova y la Geltrú (Barcelona), en los que ha supuesto una media de ahorro de 301 euros anuales en las facturas de suministros --25 euros al mes-- con la instalación de 422 elementos de mejora de la eficiencia energética, ha explicado el jefe del Servicio de acción social, Francesc Hernández.
Entre estos municipios, detectaron que el 80% de los que tenían derecho a acceder al bono social no lo tenían contratado, la mayoría por "desconocimiento" pero también por las dificultades que supone el trámite, mientras que muchos pagaban una tarifa superior a la que necesitaban.
Ante el hecho de que actualmente la mayor parte de la intervención pública es de ayudas económicas para familias con incapacidad de pago --que realiza tanto la Diputación como la Generalitat, con ayudas gestionadas por los ayuntamientos--, Fandos ha destacado que este programa pretende "ir más allá de pagar facturas", aportando acciones preventivas y educativas.
APLICAR LA LEY
También ha defendido la importancia de que se aplique la ley que impide a las empresas cortar suministros a familias vulnerables, mientras que ha apostado por que sean las empresas las que asuman la parte correspondiente a la deuda de las facturas impagadas.
Para diagnosticar la situación de la pobreza energética, la Diputación ha elaborado un estudio con propuestas de actuación a raíz de una consulta a los servicios sociales, que ha puesto de manifiesto que en el 95% de los municipios han visto aumentar las peticiones a los servicios sociales de pago de facturas de suministro, y han calculado que esta pobreza afecta a un 9% de la población.
También han detectado que la mitad de los municipios tienen convenios con empresas comercializadoras de agua, mientras que un 37% tiene convenios con eléctricas y un 8% con empresas de gas, han apuntado.
Fandos ha observado que el 80% de los municipios han constatado que las personas que han recibido estas ayudas ya las habían recibido antes, por lo que la problemática "se cronifica".
Según la legislación estatal, pueden acceder al bono social los pensionistas mayores de 60 años, las familias numerosas y las unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo, aunque no se incluye a las familias monoparentales, sobre las que Fandos ha apuntado que la mayor parte son "monomarentales".
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