El Gobierno se enreda con la transición energética y el cambio climático

El Gobierno está enredado con la transición energética y el cambio climático. Quiere pero no puede. Sabe que la apuesta son las energías limpias pero mira de reojo al carbón, al gas y a las nucleares. Están en juego poderosos intereses y miles de millones. El lío competencial y de nombramientos en la comisión de expertos para la transición energética y la rebaja de los compromisos que impulsó Bruselas en 2016 en el llamado “paquete de invierno” forman parte de ese enredo.

Las últimas decisiones del Gobierno sobre los pasos a seguir para garantizar los compromisos asumidos en el Acuerdo del Clima de París y los objetivos del “paquete de invierno” han provocado crítica y desconcierto. El Gobierno ha anunciado la creación de una comisión de 14 expertos para la elaboración de un informe en seis meses que sirva de base a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Pero ha dejado fuera a ecologistas y consumidores, que han puesto el grito en el cielo.

Además, hay controversia por cuestión de competencia. La comisión fue aprobada por el Consejo de Ministros y el informe será recibido por el Ministerio de Energía, que lo enviará al Parlamento. Energía es, además, el departamento que, según las fuentes consultadas, está filtrando a los componentes de la comisión. Pero en materia de transición energética hay otros departamentos implicados, desde Agricultura y Medio Ambiente a Fomento -la edificación es clave-, pasando por el Ministerio de Economía e Industria, el departamento que dirige Luis de Guindos y que no aparece por ningún lado en un asunto clave.Un coro de portavoces

El comité que plantea el Gobierno, compuesto por cuatro expertos designados por el Ejecutivo, uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales  (CEOE, UGT y CC OO) corre el riesgo de convertirse en un coro de portavoces de opciones políticas. Está lejos de la propuesta que lanzó recientemente el exministro socialista Luis Atienza, uno de los posibles comisionados.

Atienza, que ha declinado hacer comentarios sobre su posible incorporación a la comisión, propuso una “Comisión Nacional de Energía y Clima, impulsada por el Gobierno al máximo nivel, para asegurar el impulso político y la coordinación de las diferentes áreas competenciales, en la que participen otras administraciones y expertos independientes”.

El enredo no sólo es administrativo. El Gobierno, aseguran expertos como Javier García Breva, intenta soplar y sorber a la vez al asumir los compromisos energéticos y medioambientales que promueve Bruselas. Oficialmente, como en el resto de los países de la UE, hubo apoyo a los compromisos medioambientales y al paquete aprobado en 2016, el llamado “de invierno”.

El fin último de ese paquete es elevar la eficiencia energética al 30% en 2030, reducir un 40% la emisión de gases de efecto invernadero (fundamentalmente CO2) y que el 27% del consumo de energía final proceda de fuentes limpias, hasta llegar a 2050 con una producción de electricidad totalmente libre de carbono. Además, se propone aumentar el ahorro energético de las empresas que venden energía un 1,5% anual y llegar a tres millones de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la UE.

Pero el Ministerio de Energía español, como el resto de ministerios del ramo, ha trabajado en las últimas cumbres para limar la propuesta de Bruselas. Los ministros de Energía comunitarios proponen que el 30% de eficiencia energética no sea obligatorio; que el ahorro energético de los vendedores de energía se reduzca al 1% anual; que los puntos de recarga para vehículos eléctricos se limite a medio millón y que se contabilicen como ahorro de energía los obtenidos antes de 2020 como si fueran nuevos.Lo que se dice, lo que se hace

En el caso español, la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace ha quedado plasmado en las alegaciones enviadas a Bruselas. Algunas de ellas, como mantener las competencias en la fijación de la tarifa eléctrica ha provocado más que chispas con el regulador y con la Comisión Europea.

En el documento que la secretaría de Estado envió a Bruselas queda claro que el Ejecutivo español no es de los osados a la hora de adoptar medidas. Es partidario de recortar competencias a los reguladores independientes; no ve con buenos ojos el autoconsumo (“oneroso”, según el ministerio; es partidario de mantener los precios regulados; vincula los objetivos de renovables al cumplimiento de las obras de interconexión; cuestiona que los objetivos de reducción de CO2 sean nacionales; restringe la creación de cooperativas de energía y rechaza la ventanilla única para la tramitación administrativa de proyectos renovables.

El enredo, del que el Gobierno español forma parte, será abordado en el Parlamento Europeo, convertido en el frente en el que combaten dos realidades contrapuestas: el interés económico-empresarial que guía la sensibilidad de los Gobiernos y la realidad del cambio climático que preocupa a amplias capas de la sociedad.