Las tabacaleras se han comprometido a pagar 2.150 millones de euros a los Estados miembros y la UE en virtud de los acuerdos firmados para evitar procesos judiciales por los impuestos y aranceles no recaudados por el comercio ilegal de cigarrillos y se comprometen a combatir de forma activa el contrabando y la falsificación de sus productos, por ejemplo, vendiendo sólo a clientes legítimos, garantizando un sistema de seguimiento y limitando la producción a la cantidad que demanda el mercado legal.
Philip Morris Internacional aporta 1.250 millones de euros y el resto, Japan Tobacco, que selló su acuerdo con la UE en 2007, y British American Tobacco, que concluyeron acuerdos en 2010 por su parte. El 90% de los fondos van a los Gobiernos europeos y el resto a las arcas comunitarias.
Los eurodiputados han justificado su postura porque el acuerdo entre la UE y Philip Morris Internacional (PMI), firmado en 2004 y que expira en julio de 2016, no ha resultado efectivo dado que tras una caída inicial en el contrabando se ha constatado un aumento del tráfico ilegal de cigarrillos baratos sin marca.
En la resolución aprobada, el pleno de la Eurocámara ha recordado que el contrabando y la falsificación de cigarrillos cuestan a la UE y los Estados miembro más de 10.000 millones de euros al año en pérdida de ingresos por aranceles, IVA e impuestos especiales y ha advertido de que la utilización de fondos abonados por la industria tabacalera para financiar la Oficina Europea Antifraude (OLAF) puede suponer un conflicto de intereses.
Los eurodiputados rechazan renovar el acuerdo con PMI y piden al Ejecutivo comunitario que se centre en aplicar la directiva sobre tabaco acordada en 2014, que en su opinión tiene instrumentos más eficaces para luchar contra la falsificación y el contrabando, como el sistema de seguimiento y localización para los cigarrillos, que empezará a aplicarse en 2019.
Y reclaman a la Comisión nuevas normas para atajar los cigarrillos baratos sin marca, hacer seguimiento y localización de los productos de PMI e iniciar acciones legales en caso de aprehensión de los cigarrillos de la citada compañía.
También piden a los Gobiernos europeos que ratifiquen el Protocolo sobre el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que prevé un sistema equivalente a nivel internacional y obliga a las autoridades públicas a proteger la salud pública frente a los intereses comerciales de la industria.
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