Según informa la asociación de consumidores en una nota, Carlos R.E., socio de Facua Sevilla, contrató con Ono --compañía actualmente dependiente de Vodafone-- su tarifa plana de Internet móvil. Según la publicidad que le había remitido antes la compañía, con el servicio de "banda ancha móvil" mediante módem USB podría "disfrutar" de una navegacion "sin límites, sin horarios, desde cualquier lugar, sin límite de descarga".
Sin embargo, tras la contratación, el usuario comenzó a recibir cargos en concepto de "Tráfico Datos-Transmisión GSM", basados en supuestas descargas de datos que ni siquiera se correspondían con su consumo real, que, en cualquier caso, debía estar incluido en su tarifa plana.
Para Facua, la excusa de la compañía es que su servicio ofrecía un máximo de un Gigabyte de descarga, pese a que la publicidad del producto decía claramente que no había límites. Por ello, Carlos R.E. reclamó por teléfono a la compañía en numerosas ocasiones que corrigiese los cargos y, pese a que ésta le aseguró que así lo haría, "en ningún momento rectificó".
El afectado, continúa Facua, recurrió durante estos años, aunque sin éxito, tanto a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Sevilla como a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía para reclamar a la compañía telefónica los importes que le habían sido cobrados.
"INACCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES"
Según Facua, la OMIC se limitó a decir al usuario que acudiera a los juzgados o a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones "en defensa de sus intereses", mientras que el organismo autonómico procedió a "inadmitir la solicitud de arbitraje" que Carlos presentó.
En este caso, la Junta alegó que, dado que Vodafone lleva adherida al Sistema Arbitral de Consumo desde 2015 y la reclamación del afectado afectaba a irregularidades de 2009, "no procedía aceptar su solicitud".
Al respecto, Facua Sevilla ha lamentado que al plantear al usuario que no podía recurrir a un arbitraje, la Dirección General de Consumo "no iniciara procedimiento ni investigación alguna para determinar si la operadora había incurrido en irregularidades en la facturación efectuada al usuario, e imponer en ese caso la correspondiente multa".
Ante "la inacción de las administraciones", el afectado puso su caso en manos de Facua Sevilla, que, tras gestionar la asociación su reclamación, "Carlos ha conseguido, por fin, y tras más de ocho años de reclamaciones y recursos, recuperar su dinero".
La asociación de consumidores instó a Vodafone a que reintegrase al afectado todas las cantidades cobradas indebidamente desde febrero a agosto de 2009.
La compañía respondió a Facua anunciando que, "tras realizar las comprobaciones oportunas sobre los hechos que nos describen, se ha procedido a realizar un ajuste por un importe de 2.259 euros, que se ingresará en la entidad bancaria que Carlos R.E. nos ha facilitado".
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