Ambos asuntos, que le han acompañado desde casi el primer día de su nombramiento como ministro de Industria, Energía y Turismo, pasarán sin embargo al próximo responsable de la política energética nacional.
En concreto, la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) se encontraba en operación en diciembre de 2011 --ya que su licencia de explotación no expiraba hasta el 7 de julio de 2013-- pero justo un año después, tras la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, Nuclenor acordó dejar de producir electricidad a mediados de diciembre porque valoró que los nuevos impuestos le supondrían 161 millones de euros adicionales.
Así, el titular adelantó siete meses su cese de explotación, previsto para el 7 de julio de 2013, hasta las 22.57 horas del 16 de diciembre. Con ello evitaba el pago del incremento de más de un 27 por ciento el coste medio de generación y unas pérdidas de 96 millones de euros.
La licencia expiró y la planta entró en situación de cese, dirigida al desmantelamiento, pero como los motivos fueron "económicos" y no técnicos, Nuclenor optó por no tomar decisiones irreversibles y anunció que no renunciaba a pedir una nueva renovación de su licencia de explotación para volver a operar.
La posibilidad llegaba con el cambio legislativo propiciado por José Manuel Soria, por el que el Gobierno modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares en febrero de 2014, para permitir solicitar una renovación de funcionamiento de un reactor una vez declarado su cese de actividad cuando este no se debiera a motivos de seguridad nuclear o protección radiológica.
En esta línea, la ley de Economía Sostenible, de marzo de 2011 también abrió la posibilidad de que las centrales nucleares funcionen durante más de 40 años.
En esos meses, el ministro, en distintas declaraciones abrió el debate sobre la vida útil de las centrales nucleares y apostó por que los reactores españoles pudieran operar hasta los 60 años de actividad "como en Estados Unidos, país de referencia". Precisamente, Nuclenor, integrada al 50 por ciento por Iberdrola y Endesa, presentó su solicitud de renovación de su autorización de explotación el 27 de mayo y en ella pedía permiso para operar hasta marzo de 2031, precisamente cuando la planta llegará a los 60 años de vida.
Desde entonces, la tramitación de esta solicitud está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear, que sigue con el proceso paso a paso. El organismo regulador señaló este 2016 que no prevé tener finalizado su informe sobre esta renovación al menos hasta el segundo semestre de este año.
De este modo, será otro ministro de un nuevo Gobierno el encargado de tomar la decisión política de autorizar que Garoña vuelva a producir electricidad, en caso de que el CSN apruebe la renovación y el titular esté dispuesto a cumplir las condiciones impuestas y se prevé que tendría que acometer inversiones económicas elevadas.
Las últimas declaraciones respecto del reactor burgalés se produjeron hace cinco días, cuando aseguró que Nuclenor no ha solicitado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el cierre de la central. El 20 de enero de este año manifestó que España no se podía permitir "determinados lujos" y uno de ellos, precisamente era "prescindir de la energía nuclear".
En consecuencia, dijo que en España, tanto Garoña como cualquier otra permanecerá "abierta o no en función de que cumplan o no los requisitos y las inversiones" que establezca el CSN.
EL ATC EN VILLAR DE CAÑAS
Por otro lado, el ministro heredó de su antecesor Miguel Sebastián el expediente sobre la elección del municipio que albergaría el almacén temporal centralizado. Este fue uno de los primeros asuntos con que se estrenó en el Consejo de Ministros, ya que el 30 de diciembre de 2011, se acordó que se instalase en Villar de Cañas (Cuenca), uno de los ocho preseleccionados. En este momento Castilla-La Mancha estaba gobernada por el PP.
Según el mandato unánime del Parlamento, la instalación debía construirse y comenzar a albergar los residuos nucleares de alta actividad y el combustible gastado de las centrales nucleares a principios de 2017.
El Consejo de Seguridad Nuclear emitió un informe favorable sobre el emplazamiento, es decir, la autorización previa a finales de julio de 2015, pero la autorización administrativa de Villar de Cañas, que depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, aún no se ha emitido.
A este respecto, Soria advirtió de que el coste de no tener un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en España podría derivar en un encarecimiento de hasta el 30% en la factura de la luz.
En este setido, también alegó que si no se pone en marcha el ATC, "toda" la producción eléctrica nuclear en España tendría que detenerse, lo que supone un 20 por ciento del total de la producción energética. Así valoró que el precio de la factura de la luz se encarecería entre un 25 y un 30 por ciento.
Soria subrayó que el ATC es un almacén tanto para los residuos nucleares que se generan como para los que deberán volver de Francia en 2018, año para el que es necesario una solución, ya que el coste de su envío al país galo es de 22 millones al año.
Sin embargo, tras el cambio de signo en el gobierno de Castilla-La Mancha, el ministro se topó con la decisión del ejecutivo de Emiliano García-Page de ampliar la protección ambiental de la zona, de modo que los terrenos del ATC quedarían incluidos en la Red Natura 2000.
CASTOR
Entre los asuntos energético-ambientales a los que ha hecho frente Soria se encuentran también los proyectos de almacén de gas Castor, frente a las costas de Castellón, y las autorizaciones de proyectos de prospecciones de hidrocarburos en Canarias y en el Mediterráneo.
En el caso de Castor, un proyecto aprobado por su predecesor Miguel Sebastián, acabó en 2014 después de que en agosto de 2013, mientras se realizaban las pruebas para iniciar su llenado comenzaran a producirse una serie de terremotos que obligaron a paralizar la actividad.
Entonces el ministro se comprometió a "no seguir" si se confirmaba que la serie sísmica se debía a la actividad del proyecto de Castor y para comprobarlo dio orden de cesar la actividad. Después de meses de estudios, este supuesto se confirmó y se procedió a terminar con la concesión del almacén de gas a la empresa Escal UGS, controlada por ACE, a la que se ha indemnizado con 1.350 millones de euros.
Finalmente, Soria defendió que el Gobierno debía entregar tal cantidad para actuar de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto de 2008 de modo que añadió que no quedaba "otra opción".
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