El Gobierno central y la Xunta de Galicia han iniciado las negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas por el primero acerca de varios artículos de la ley del suelo de la comunidad autónoma.
El acuerdo lo publica este lunes Vicepresidencia en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Ordenación e Territorio, por su parte, han destacado, consultadas por Europa Press, que la apertura de la comisión bilateral de cooperación entre la administración general del estado y la comunidad "no supone en ningún caso la suspensión de la aplicación de la norma".
El DOG recoge que la comisión bilateral, en su reunión del 12 de abril, adoptó el acuerdo de iniciar las negociaciones para resolver "las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 22.d); 30; 31; 34; 42.6, 85.1; 129; 130 y 131 de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia.
El artículo 22.d) se refiere a actuaciones urbanísticas promovidas por administraciones cuyo objeto principal sea la construcción de viviendas protegidas, de promoción pública o equipamientos públicos. Mientras, el 30 atañe al aprovechamiento urbanístico en suelo urbanizable, el 34 al suelo rústico de especial protección y el 42.6 a aspectos sobre la calidad de vida y cohesión social.
Mientras, el 85 es relativo a la declaración de utilidad pública, el 129 a la obtención de suelo de los sistemas generales y locales, el 130 tiene que ver con la permuta forzosa y el 131 con la ocupación directa.
El texto publicado en el DOG ordena designar un grupo de trabajo para proponer a la comisión bilateral de cooperación "la solución que proceda", y determina comunicarle este acuerdo al Tribunal Constitucional para los efectos previstos en la ley.
"DIFERENCIAS INTERPRETATIVAS"
Las fuentes consultadas del departamento autonómico subrayan, al respecto, que "precisamente esta comisión es un instrumento planteado porque se ven posibilidades de acuerdo, dado que se trata de diferencias interpretativas en distintos artículos de la ley".
"Será en el grupo de trabajo que se designe en esta comisión donde se planteen las distintas cuestiones, por lo que se entiende que esta es la herramienta --establecida entre administraciones-- para que este tipo de conflictos no lleguen al Tribunal Constitucional", indican.
AGE Y PP
A raíz de esta publicación, el diputado de AGE Antón Sánchez ha visto ratificadas las advertencias de su grupo en el debate de la ley del suelo sobre la "inseguridad jurídica" del texto que fue aprobado recientemente en el Parlamento de Galicia. Además, ha considerado este hecho una demostración del "fracaso" de la gestión de Alberto Núñez Feijóo.
Por su parte, el popular Pedro Puy ha reflexionado sobre que "es bastante habitual" que haya conflictos de competencias. "Estaremos a lo que surja", ha indicado, antes de señalar que "una redacción puede ser interpretada de diferentes maneras" y por eso hay que establecer un diálogo para dirimirla. "Seguro que será arreglada", ha apostillado.
IGUALDAD
Asimismo, el DOG publica este lunes el inicio de negociaciones para resolver discrepancias manifestadas también en relación con el decreto legislativo por el que se aprobó el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma en materia de igualdad.
En este caso, los artículos que cuestiona el Gobierno central son los 59, 62, 67.4, 75.c), 87.1 e 87.2, 94, 101 y la disposición adicional quinta del decreto.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios