La Junta asegura que ha hecho lo que ha estado en su mano para evitar el cierre "injusto e incomprensible" de Lauki

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, ha asegurado que la Junta ha hecho "todo lo que ha estado en su mano" para evitar el cierre de la factoría vallisoletana de Lauki por parte de la multinacional Lactalis, una decisión que considera "injusta e incomprensible" aunque tenga carácter empresarial y pertenezca al ámbito privado.

Marcos se ha expresado así durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura de las Cortes de Castilla y León para explicar las actuaciones llevadas a cabo en torno al cierre de la planta productora vallisoletana.

En este ámbito, la consejera ha explicado que la Junta ha hecho lo que ha podido primero para intentar revertir el cierre y, una vez ha entrado en vigor el acuerdo social, para que la planta se venda y no se pierda el empleo.

Marcos ha repasado los diferentes contactos que se han mantenido con la multinacional, tanto en España como con la matriz en Francia, el Gobierno central, el Ayuntamiento de Valladolid y en el Parlamento Europeo, donde se está a la espera de una respuesta a la petición de la Junta sobre lo que ha calificado de "deslocalización planificada" y que se investigue el destino que Lactalis ha dado a fondos europeos.

La consejera, quien ha recordado que la factoría obtenía dos millones de euros de beneficio, ha incidido en que a raíz de la adquisición de Puleva por Lactalis en 2010 los sindicatos ya advirtieron de un proceso de reestructuración.

Así, ha explicado que se produjeron cierres de plantas en Sevilla, Barcelona y Valencia sin que los gobiernos autonómicos pudieran evitarlos, tras lo que ha afirmado que "difícilmente" se podría haber abordado la situación con más contundencia de lo que ha hecho la Junta e incluso los ejecutivos regionales donde se han producido cierres no han alcanzado el mismo nivel institucional, ya que se ha llegado al Parlamento Europeo.

Marcos ha agregado que poco podía hacer la regulación actual frente a una decisión "premeditada" y ha incidido en que ahora se trata de trabajar en el Parlamento Europeo para denunciar el cierre "injustificado" y la decisión.

Sin embargo, ha aclarado que el futuro de los ganaderos no está comprometido porque aún tienen contratos de un año de duración para la recogida de la leche y ahora de lo que se trata es de ver si se puede incrementar la actividad de las dos plantas que tiene el grupo Lactalis en Peñafiel (Valladolid) y Zamora, que cuentan con 176 trabajadores y no están al "cien por cien" de actividad.

VENTA DE LA FACTORÍA

Así, ha adelantado que se hablará con la multinacional porque es su responsabilidad velar por los trabajadores y el empleo, pero además también ha señalado que tratarán de impulsar la venta de la fábrica vallisoletana, algo que considera que sería más sencillo si se redujeran los requisitos.

En cuanto a la situación de los empleados de Lauki, la consejera ha recordado que el plan social que se "mejoró" en sus condiciones gracias a la Junta y se llegó a unas bajas incentivadas de 45 días por año (hasta doce mensualidades" y un importe bruto lineal de 5.000 euros, a lo que se acogieron 19 trabajadores, mientras que once de más de 55 años se acogieron a prejubilaciones y 54 se han recolocado en otras plantas del grupo --aunque tres de ellos han regresado a Valladolid, según ha matizado el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT, Raúl Santa Eufemia, que ha asistido a la Comisión--.

Por su parte, los grupos de la oposición han considerado "indecente", "antisocial" o incluso "ilegal" el cierre de la factoría vallisoletana y han criticado la actuación de Lactalis.

Así lo ha hecho el procurador socialista Pedro González, quien ha calificado de "antisocial, amoral" e incluso "indecente" el comportamiento de la multinacional, que considera que ha facilitado la reforma laboral, dado que antes podía o no autorizarse un expediente de regulación y la autoridad laboral era la Junta.

Además, González, quien ha criticado la tardanza de la consejera en comparecer, ha advertido del riesgo que puede haber en las dos plantas que aún mantiene Lactalis en Castilla y León, e incluso ha asegurado que le consta que ya ha habido "amenazas" de posibles cierres.

El procurador socialista ha recitado el nombre de las marcas propiedad de Lactalis, algo que ha asegurado que le han pedido los trabajadores y sin querer "hacer demagogia".

A este respecto, el procurador de Ciudadanos David Castaño ha advertido frente al riesgo que suponen posibles llamadas al boicot incluso por instituciones de Valladolid porque los trabajadores de esas empresas también pueden sufrir las consecuencias.

Además de esta advertencia, Castaño ha incidido en que había "signos evidentes" de que podía pasar lo que ha ocurrido con Lauki hace unos años y ha abogado por tomar medidas como los "cortafuegos" o "sistemas preventivos" que tienen en Francia, por ejemplo.

CIERRE "ILEGAL"

En cuanto a lo que ha llevado a cabo Lactalis, el procurador naranja ha asegurado que no está seguro de que sea una deslocalización y cree que el cierre puede ser incluso "ilegal" y ha animado a "seguir el hilo" a la ayuda estructural que ha podido recibir la multinacional, que considera que ha tenido un comportamiento "poco ético" y no de libre mercado sino de "libertinaje".

Por su parte, la procuradora de Podemos Adela Pascual ha lamentado la pérdida de una empresa de más de 60 años, una más de las de Castilla y León que "pasan a manos de multinacionales" con un compromiso de mantenimiento que después no se cumple.

A su juicio, el cierre que se ha producido tiene que ver con el modelo de globalización que propicia cambios económicos, sociales y culturales y ha destacado el hecho de que Lactalis sea el primer productor lácteo a nivel mundial.

Pascual ha criticado la "subordinación" política a la economía del "capitalismo especulativo" y la "dictadura de mercados", un "poder que se eleva sobre todos los poderes humanos".

En una línea similar, el portavoz del Grupo Mixto, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha calificado lo ocurrido como una "profunda derrota" y un "fracaso" del modelo de sociedad a pesar de la unidad de todos los partidos políticos en este tema.

Sarrión ha cuestionado qué ley permite que se cometa una injusticia como ha dicho la consejera que se ha producido y ha abogado por reflexionar si hay que cambiar esta legislación, aunque ha incidido en que es una cuestión que se escapa al ámbito autonómico.

El procurador del Grupo Mixto ha asegurado que no pone en duda el esfuerzo realizado por la Junta y precisamente eso es lo que le "preocupa", porque de lo contrario estaría "más tranquilo".

Sarrión ha señalado que si la Junta dice que ha puesto "toda la carne en el asador" le "preocupa profundamente" porque quiere decir que todos están "en manos de las multinacionales" y ha dudado de la capacidad de intervención de los poderes democráticos, que no tienen capacidad de intervención.