En una nota, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Córdoba, Manuel Carmona, ha explicado que la provincia es la que "más derechos y más hectáreas saca a concurso", con "37 derechos y 34.200 hectáreas que se repartirán por 25 municipios de la provincia".
Según ha apuntado Carmona, las razones que llevan a convocar ahora un concurso de estas características son "la reactivación paulatina de la economía, que progresivamente se irá reflejando en un incremento de la actividad en obra pública y construcción, y para ello requerirá materiales --fundamentalmente áridos y roca ornamental-- de los que Andalucía y Córdoba cuenta con buenas reservas".
Además, "si la investigación se concreta en explotación de algún o algunos yacimientos, se generarían puestos de trabajo en zonas rurales duramente castigadas por la crisis", ha resaltado el delegado.
Los municipios cordobeses por donde se distribuyen los derechos mineros son Adamuz, Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Añora, Benamejí, Cabra, Cardeña, Córdoba, Espejo, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Hinojosa del Duque, Hornachuelos, Luque, Montalbán, Montilla, Montoro, Palma del Río, Pozoblanco, Puente Genil, Santaella, Valsequillo, Villanueva de Córdoba y Villaviciosa de Córdoba.
La convocatoria se realiza por resoluciones de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, haciéndose públicas las mismas por las distintas Delegaciones Territoriales de la Consejería.
LA LEY DE MINAS
La adjudicación de un permiso para investigar cualquier derecho minero debe hacerse siguiendo los preceptos establecidos en la Ley 22/1973, de 22 de Julio, de Minas. De acuerdo con esta norma, estos trabajos sólo pueden realizarse sobre terrenos que resulten francos porque hayan caducado derechos anteriores y siempre mediante concurso público.
Otro factor importante es el avance que todo concurso supone hacia una reorganización más efectiva de los yacimientos mineros andaluces, en virtud de los objetivos reflejados primeramente en el Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía 2010-2013 (Pormian), y más tarde en la Estrategia Minera 2020.
El efecto más importante incide en la actualización del Registro Minero de Andalucía, que pese a los esfuerzos realizados en las dos últimas legislaturas aún presenta ciertos desfases de carácter administrativo heredadas de épocas anteriores --en ocasiones, desde el siglo XIX--.
Asimismo, la convocatoria de todo concurso incide en un mayor y mejor conocimiento de la realidad minera andaluza. Estas fases de estudio no sólo permiten impulsar una actividad económica, sino también generar un volumen informativo que sirve a todos: a la administración para tomar decisiones y planificar; a las empresas para estimar las posibilidades económicas de un yacimiento concreto, y a las Universidades e investigadores para obtener un conocimiento básico que les facilite su trabajo.
A partir de ahora, gracias a este concurso público, la superficie global que ha salido a concurso en Andalucía durante las dos últimas legislaturas --2012-2015, y 2015 hasta hoy-- supera las 740.000 hectáreas, mientras que la cuantía global de derechos mineros puesta a disposición de los investigadores ronda los 1.140.
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