Ombudman boliviano considera "inhumano" trato del gobierno a minusválidos

El Ombudsman boliviano, promotor de los derechos humanos, calificó este domingo de "inhumano, ilegal" y contrario a la ética el trato dispensado por el gobierno a las personas con discapacidad que plantean mejorar el subsidio que reciben.

Rolando Villena, Defensor del Pueblo, señaló en un comunicado remitido a la AFP que el intento de burlar el sacrificio de las personas que reivindican una demanda legítima y factible "es un acto inhumano, ilegal y contrario a todo principio ético y moral".

El funcionario exhortó a las autoridades a atender las demandas de este grupo y encontrar con ellos una justa solución.

El gobierno "(debe) aprender que lo importante no es crear estrategias para derrotar, sino construir caminos para avanzar" escuchando los reclamos y encontrando soluciones legales "guiadas únicamente en el interés por el beneficio de la gente, especialmente de quienes más lo necesitan", subrayó Villena.

Los minusválidos protagonizaron una marcha de 400 km durante 35 días desde Cochabamba (este) hasta la ciudad de La Paz en reclamo de un incremento del subsidio mensual que reciben para situarlo en 72 dólares.

El gobierno ha rechazado esa posibilidad porque tendría efectos negativos en las finanzas públicas.

Sin referirse explícitamente al bono, el presidente Evo Morales aseguró este domingo que no habrá "ningún incremento en bonos y rentas", debido a la incómoda coyuntura económica que vive Bolivia por la baja de los precios de las materias primas.

Los minusválidos hacen vigilia en las vías de acceso a la plaza de Armas de La Paz, donde se ubican el Palacio de Gobierno y el Congreso, con la esperanza de ser atendidos por Morales.

"No renunciaremos a la renta, estamos firmes por el bono. No se nos ha escuchado", declaró Diego Cayo, líder de los manifestantes, a la red Erbol.Asimismo, anunció que una asamblea del colectivo definirá sus futuras acciones.

El Defensor del Pueblo censuró también la estrategia del gobierno para desmovilizar y dividir a los reclamantes, con la firma de "acuerdos espurios" utilizando "grupos paralelos" que no abordan "la demanda de la movilización".