EL TRANSPORTE PÚBLICO PROPONE UN ‘BILLETE GRIS’ EN EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN

La Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC), que agrupa a las empresas de transporte público en España, planteó este martes que los ciudadanos no viajen gratis en transporte público cuando se produzcan episodios de alta contaminación en las ciudades, sino que paguen un ‘billete gris’ de un día de validez equivalente al coste diario de un abono mensual de transportes.
Esta medida es una de las principales apuestas del sector del transporte público recogidas en el ‘Plan TP’, que ATUC trasladará en las próximas semanas a las distintas administraciones con el fin de conseguir ciudades más habitables y con mayor calidad de vida.
Para esta entidad, la gratuidad del transporte público “no se sostiene por sí misma porque en realidad nada es gratis”, puesto que toda financiación que no está respaldada por unas tarifas tiene que ser asumida por la Administración y, por tanto, por los impuestos de todos los ciudadanos.
Además, la asociación consideró que la gratuidad transmite la idea de que se regala el transporte al que precisamente causa el problema, generando el efecto contrario al que se persigue, con lo que se gratifica al que contamina y se penaliza al que apuesta por medios sostenibles, que no disfrutaría de transporte gratis al haber pagado por adelantado sus abonos.
En cuanto al precio, ATUC indicó que “no es algo decisivo” para quienes optan por ir en coche porque los costes de viajar en el vehículo privado “son mucho más elevados”, de manera que los ciudadanos “pueden asumir sin problemas el precio de un billete de autobús, tren o metro”.
El ‘Plan TP’ hace hincapié en la necesidad de reordenar el espacio urbano, ya que considera en la actualidad está dedicado al coche en un 90%, pese a que así se mueve sólo un 25% de los ciudadanos, lo que conlleva al mismo tiempo una reducción de los vehículos en circulación.
MEDIDAS
Para ello, ATUC planteó el aumento de las zonas restringidas a la circulación en vehículo privado en el centro de las ciudades, que se limitaría a los residentes, y la ampliación de carriles bus y bici, de espacios peatonales y de zonas de estacionamiento regulado.
Otras iniciativas son la creación de aparcamientos disuasorios en las entradas a las ciudades, carriles BUS-VAO en las vías de acceso e intercambiadores de transporte público P+R (‘park and ride’).
Sin embargo, la asociación propuso más inversión pública para aumentar la frecuencia y la velocidad del transporte público, con fondos para implantar sistemas de prioridad semafórica, desarrollar sistemas de transporte a demanda e incrementar el número de plataformas reservadas al transporte público.
El ‘Plan TP’ plantea también una batería de medidas políticas, legales y fiscales para articular su puesta en marcha, como una Ley de Financiación Estatal del Transporte Público que determine cuánto sufraga el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y con criterios de reparto con al menos cinco años de duración, lo que permitiría actuar con previsión y saber en qué y en cuánto pueden invertir.
“Queda mucho por hacer para lograr ese cambio en la movilidad, pero ya existe plena concienciación en los ayuntamientos de que la situación actual es insostenible. De hecho, planteamos una alianza de ciudades, un encuentro en el que los municipios puedan compartir sus ideas e iniciativas de movilidad y caminar así hacia un modelo lo más homogéneo posible. Este sería un primer paso para acercarnos además a la integración tarifaria y modal, ya que lo que cuenta es el viaje y el usuario, no el medio ni las etapas”, concluyó Jesús Herrero, secretario general de ATUC.