Con medio año de retraso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha comenzado a publicar las conclusiones del primer gran ejercicio de evaluación del gasto público realizado jamás en España. Se trata de cinco informes sobre diferentes materias que el organismo irá publicando a lo largo del mes de junio, si bien algo ha trascendido ya de alguno de ellos, y que básicamente vienen a diseccionar hasta qué punto los recursos públicos que emplea el Estado se gastan con cierto sentido o simplemente 'de aquella manera'.
La Autoridad Fiscal ha decidido comenzar por el principio, por el análisis general de los cerca de 30.000 millones de euros en subvenciones públicas que se conceden en España cada año. Sus conclusiones son bastante demoledoras y apuntan de manera muy singular a los más de 4.000 millones de euros que el Estado concede anualmente en ayudas directas o nominativas, es decir, sin concurrencia pública. La Autoridad Fiscal ha detectado significativas lagunas en la concesión de estas ayudas -principalmente a otros niveles de la Administración- por su escasa transparencia, la ausencia de una adecuada justificación de las mismas y los escasísimos controles que se aplican sobre su correcto cumplimiento.
Las conclusiones del informe del organismo subrayan que "se encuentran escondidas en las leyes presupuestarias sin una adecuada justificación de su fundamento, su cuantía y los compromisos que implican para sus beneficiarios" y que este fenómeno no es desconocido para las autoridades gubernamentales, ya que los órganos de control externo de la actividad del Estado -el Tribunal de Cuentas- "han denunciado el abuso de este tipo de subvenciones de concesión directa, en porcentajes en ocasiones muy superiores a las que se instrumentan de forma competitiva".
La Ley General de Subvenciones contempla tres supuestos en los que las Administraciones Públicas pueden conceder ayudas de manera directa: las que emanan de una ley, las previstas en una norma presupuestaria y las que tienen un carácter excepcional. En todos los casos, su vinculación a políticas públicas concretas es débil o directamente inexistente, según denuncia la Autoridad Fiscal, y la definición de su cuantía concreta o de las obligaciones de los beneficios, insuficiente. De otro modo, se conceden porque así lo prevé una ley, los Presupuestos o el convenio de turno, pero ni se garantiza que respondan a un objetivo de política económica ni se pide cuentas a posteriori sobre su utilización.
En esa categoría figuran, por ejemplo, las transferencias desde el Estado a las universidades públicas, a las fundaciones, institutos o agencias que forman parte de la estructura del Estado o de las Administraciones Territoriales. El análisis de la Autoridad Fiscal revela que esas ayudas directas, poco controladas, caen en su inmensa mayoría en otros órganos del ámbito de lo público y en un porcentaje mucho más minoritario en sociedades empresariales o particulares.
Por políticas, se concentran en subvenciones al transporte, educación, innovación y desarrollo, servicios sociales, cultura, infraestructuras o vivienda. Un puñado de políticas públicas de interés general, pero sobre las que según denuncia la Autoridad Fiscal no existe ni un planteamiento estratégico ni una vinculación directa entre subvención y objetivos de esas políticas públicas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios