Madrid, 11 mar.- El cobro de retribuciones millonarias por parte de directivos de cajas de ahorro, como Novacaixagalicia, CAM, Bankia o Caja Navarra, han provocado el rechazo de la opinión pública y diversos procedimientos judiciales por presunta corrupción.
La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, y el expresidente de esta comunidad Miguel Sanz enviaron ayer sendas cartas a la prensa navarra en las que comunicaban que habían decidido devolver las dobles y triples dietas cobradas por su participación en la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra (JEF).
Barcina y Sanz, entre otros altos cargos navarros, cobraron dietas de entre 1.200 y 1.800 euros por sesión, aunque en una misma jornada pudo haber hasta dos sesiones, por lo que a veces la cifra en una jornada superaba los 5.000 euros.
En su edición de hoy, el "Diario de Noticias" informa de que Barcina percibió también dietas de la empresa pública Vinsa sin acudir a las reuniones de su consejo de administración (3.500 euros en 2009 y 3.093 euros en 2011).
En los dos últimos años la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias por retribuciones irregulares en varias entidades y cajas de ahorro, en su mayoría intervenidas desde septiembre de 2011 por el FROB.
En julio de 2012, la Audiencia Nacional admitió la querella de UPyD contra Bankia, BFA y sus consejeros, y se citó como imputados al expresidente Rodrigo Rato y a más de una treintena de consejeros del grupo.
En febrero de 2011, con la llegada de Rodrigo Rato a la presidencia de Caja Madrid, la entidad anuló el pago de 25 millones de euros a diez de sus directivos y exdirectivos, después de la polémica surgida tras recibir fondos del FROB (4.465 millones de euros).
La Audiencia Nacional instruye también la causa contra la antigua cúpula de la Caja del Mediterráneo (CAM), donde el expresidente Modesto Crespo se embolsó más de 640.000 euros entre 2009 y 2011, una cantidad que equivale a 30 veces las dietas que le correspondían por su cargo, sin ser aprobada por la asamblea de la entidad.
La ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, que fue despedida por una gestión deficiente, recibía una retribución anual de 593.040 euros y supuestamente acordó con Modesto Crespo, expresidente de la entidad y también destituido, una renta vitalicia anual de 369.497 euros.
Entre los casos de mayor repercusión social está el de Novacaixagalicia (NCG), administrada por el FROB desde septiembre de 2011. Durante meses varios centenares de personas protestaron para exigir la devolución de las indemnizaciones millonarias, unos 23 millones de euros, que habían cobrado algunos directivos.
Según la Fiscalía Anticorrupción, con motivo de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, el ex director general José Luis Pego y los directivos Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes modificaron sus contratos de alta dirección entre octubre y diciembre de 2010 para preparar su salida, con la que cobraron 18,91 millones de euros.
A estos se unía el caso de Caja Castilla La Mancha (CCM), entidad intervenida en marzo de 2009. Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los miembros del Consejo de Administración se duplicaron la remuneración en tres años, desde 2004 a 2007, año en el que alcanzó un total de 2,17 millones de euros.
Asimismo, la Junta de Andalucía denunció en el 2003 la póliza de jubilación, por valor de 2,9 millones, de Miguel Castillejo, presidente durante tres décadas de Cajasur, aunque la Fiscalía Especial Anticorrupción consideró que se ajustaba a la legalidad.
Al parecer, Castillejo habría incrementado la póliza en un millón de euros, hasta los 4,3 millones, cuatro meses antes de jubilarse en 2005.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios