La futura Ley de Vivienda, sobre la que han alcanzado un acuerdo PSOE y Podemos, forzará a los grandes propietarios a bajar los alquileres en las "zonas tensionadas" y a los particulares a congelarlos, al tiempo que se creará un bono de 250 euros mensuales para facilitar que los jóvenes puedan independizarse. Este abanico de medidas afectará directamente a los alquileres, tanto como en su acceso a personas como al propio mercado de arrendamientos, quien ya ha criticado estas medidas.
Intervención en "zonas tensionadas"
A pesar de que las directrices emanan desde la legislación aprobada por el Gobierno central, serán las comunidades autónomas las que deberán solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de "alquiler tensionado" y detallar otro tipo de medidas. Precisamente, uno de los puntos claves de esa ley es la posibilidad que ofrecerá a las comunidades y ayuntamientos de declarar "zonas tensionadas" del mercado del alquiler, para poder aplicar los mecanismos tanto de incentivos fiscales como de congelación o la limitación de los precios.
¿Qué es una zona tensionada?
En este sentido, se establece como "zona tensionada" aquellas regiones que durante los últimos años han experimentado un aumento sostenido de los alquileres, que ha supuesto que los hogares tengan una carga financiera. De momento, y a no ser que con la nueva Ley se fijen nuevos baremos, se denominan así aquellas áreas en las que el gasto medio del alquiler supera el 30% de los ingresos medios de la zona. También se tomarán como referencia los precios medios del alquiler hayan crecido en los últimos cinco años más de cinco puntos por encima de lo que lo ha hecho el IPC.
Bonificaciones fiscales
Además, a las personas físicas propietarias de viviendas en alquiler en "zonas tensionadas" se les obligará a congelar el precio. Aunque, según fuentes gubernamentales, si están dispuestas a bajarlo, se les aplicarán bonificaciones fiscales suficientes como para que les salga a cuenta. Las bonificaciones fiscales que se pondrán a disposición de los propietarios que sean personas físicas podrán llegar hasta el 90% de las rentas que obtengan si bajan los precios. Por otra parte, se establecerá un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos.
Bono joven y ayudas al acceso
Asimismo, se impulsará la creación de un bono de 250 euros al mes para jóvenes de entre 18 y 35 años, con rentas anuales inferiores a 23.725 euros, con el objetivo de facilitar su emancipación. Este bono estará incluido en los Presupuestos de 2022 y estará vigente durante los dos próximos años. También se va a complementar con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40 % de su precio para las familias más vulnerables. La edad de emancipación de los jóvenes en la media europea es de 26 años.
Grandes propietarios y vivienda protegida
La legislación también establece el límite de 10 viviendas por propietario para ser considerado como gran tenedor, ya que es un tope que va a incidir directamente en la economía de muchos particulares. Por otra parte, la futura ley también obligará a reservar para vivienda protegida el 30 % de las promociones y a destinar la mitad de ese porcentaje a alquiler social, con lo que el Gobierno confía en "incrementar de manera muy notable el parque público".
Regulación del parque público
La Ley de Vivienda recogerá la imposibilidad de venta de vivienda pública por parte de las administraciones a entidades privadas (como puede ser los fondos de inversión), para lo cual se establece un régimen de protección permanente que excluye su recalificación. La calificación de un suelo establecido como reserva para vivienda en régimen de protección pública no podrá modificarse. Excepto cuando el instrumento de ordenación urbanística justifique la "innecesaridad de este tipo de viviendas o la imposibilidad sobrevenida de dicho destino, con independencia de que puedan modificarse las condiciones de la vivienda protegida para atender a la demanda y necesidades del ámbito territorial".
Implementación autonómica
La futura ley, que se aprobará "en las próximas semanas", será la primera en democracia sobre esta problemática. Regular el precio del alquiler ha provocado una disparidad de opiniones entre las comunidades autónomas, que serán las encargadas de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismos de esta norma. Uno de los puntos claves de esa ley es la posibilidad que ofrecerá a las comunidades y ayuntamientos de declarar "zonas tensionadas" del mercado del alquiler, para poder aplicar los mecanismos tanto de incentivos fiscales como de congelación o la limitación de los precios. Muchas de estas comunidades autónomas han recordado al Gobierno central que las competencias en materia de vivienda recalan en los Ejecutivos autonómicos.
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