La concesión por parte de Moncloa a Unidas Podemos de la regulación legal del control de precios sobre los alquileres en zonas especialmente tensionadas - a la que se había resistido durante meses - para cerrar al fin el acuerdo en torno al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 ha desencadenado un terremoto de consecuencias imprevisibles en el sector inmobiliario. El alboroto y las acusaciones de intervencionismo desatadas nada más conocerse las condiciones del acuerdo presupuestario entre PSOE y Unidas Podemos han obligado al Gobierno a moverse de manera urgente entre bambalinas para tratar de enviar un mensaje de calma a los grandes inversores del sector inmobiliario, que desde hace meses venían trasladado al Gobierno su preocupación por este asunto.
Desde el mismo martes por la tarde y a lo largo de toda la jornada del miércoles, emisarios del Gobierno han mantenido contactos de carácter informal con algunos de los principales operadores del sector inmobiliario doméstico para persuadirles sobre la forma distorsionada en que algunos aspectos del acuerdo estaban llegando a la opinión pública y para instarles a reservar cualquier juicio sobre la futura Ley de Vivienda al análisis del texto del proyecto legal que el Gobierno se ha comprometido a presentar en las próximas semanas, según ratifican diversas fuentes del sector inmobiliario. Estas mismas fuentes señalan que esos emisarios del Gobierno incluso han llegado a circular un texto que relativiza el alcance real de algunas de las medidas acordadas y difundidas desde Podemos, como es el caso de la reserva del 30% de todas las promociones a vivienda protegida, lo cual no se regularía como una obligación sino como una mera posibilidad.
El punto de quiebra con los grandes inversores se localiza, sin embargo, en la posibilidad de imponer por ley el control de precios en el mercado del alquiler, algo que al menos desde Unidas Podemos se da por hecho. El argumentario circulado el mismo martes desde la formación morada destacaba la "regulación de precios para bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado" para grandes propietarios como uno de los elementos clave del acuerdo. Después se ha ido conociendo que el acuerdo no prevé imponer 'manu militari' ese control de precios sino que habilita a los gobiernos de las comunidades autónomas para aplicarlo, lo que ha permitido al PP desmarcarse y anunciar que no lo aplicarán allí donde gobiernen, o que la consideración de 'zona tensionada' tendrá que ser solicitada por la administración afectada y se mediría en función de una fórmula que exigirá que en cinco años esos precios suben cinco puntos más que el IPC.
También que el acuerdo prevé una moratoria de 18 meses para definir de manera muy precisa con las administraciones implicadas el índice de referencia que se utilizará para determinar cuándo una zona se puede considerar como 'tensionada' y, por tanto, susceptible de entrar en el régimen de limitación de precios.
Estos matices no han convencido a los grandes 'players' del mercado inmobiliario del alquiler en España, que esperaban más firmeza en ese punto por parte de Moncloa después de que el presidente del Gobierno hubiera garantizado en Nueva York a los grandes fondos de inversión un entorno de seguridad jurídica para sus inversiones inmobiliarias en España y después de que la ministra del ramo, Raquel Sánchez, hubiera manifestado de manera expresa hace apenas unos días que la limitación al precio de los alquileres como fórmula para mejorar el acceso a la vivienda no sólo era discutible técnicamente sino que se había demostrado como ineficaz y conflictiva desde el punto de vista jurídico.
"El daño ya está hecho"
La lista de potenciales damnificados por el control de precios de las viviendas en alquiler, que según las estimaciones del Gobierno podría afectar a unas 150.000 viviendas de grandes tenedores, impresiona: Blackstone, Caixabank, Sareb - el banco malo, del que el Estado posee la mayoría de la propiedad -, Testa Residencial, Albirana Properties, Lazora, AXA Im, Cerberus..., según se recoge en un informe de Atlas Real Estate Analytics, difundido por EFE.
"Lo que han acordado contradice lo que se nos ha venido trasladando desde el Gobierno y desde el Ministerio durante los últimos meses", lamenta una fuente del sector. Las apelaciones a la prudencia y a esperar al redactado definitivo del proyecto de ley antes de realizar un juicio sobre la medida que el Gobierno ha trasladado en las últimas horas a los inversores no han servido para tranquilizar al sector. "El daño ya está hecho", subrayan. Advierten de que el mensaje de que desde el Gobierno se esté impulsando una política de control de precios sobre las viviendas en alquiler en los principales mercados del país actuará como un potente inhibidor de la inversión y generará una percepción de inseguridad jurídica en los inversores que han apostado por España. "La confianza de los inversores tarda mucho en ganarse y muy poco en perderse", remachan.
Hay una referencia ineludible que mencionan todas las fuentes consultadas: el caso catalán y su Ley de Contención del Precio de los Alquileres, ahora en el Tribunal Constitucional. La patronal de los promotores de vivienda españoles, la APCE, auguraba este miércoles que las medidas acordadas en el seno del Gobierno de España reducirían la oferta de vivienda en alquiler, ahuyentarán a las empresas y erosionarán la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario. Aportaba también datos de lo que ha ocurrido en Cataluña desde la entrada en vigor de la norma regional para limitar los precios de los alquileres.
En ese periodo, la oferta de vivienda en alquiler en Barcelona, el principal mercado que se aspiraba a regular, ha caído un 10% en tanto que el precio apenas lo ha hecho un 5%, según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra para la patronal catalana de promotores inmobiliarios. En el mismo periodo, la oferta en Madrid se ha incrementado un 2% y los precios han caído más de un 9%. ¿Y cómo ha afectado todo estos a los inversores? Según una encuesta realizada entre sus asociados por la patronal catalana, APCC, el 55% de los promotores han paralizado sus inversiones, el 31% las ha reducido y un 13% directamente se han trasladado a otros territorios para continuar operando...
Las fuentes consultadas no ocultan el riesgo de una eventual fuga de inversores. "El hecho de que sean las comunidades autónomas las que tengan que aplicar las restricciones moderan en gran medida ese riesgo, pero si un gran inversor decidiera irse de España, hay otros muchos que pueden decidir seguirlo. Esto funciona así", advierte.
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