Soria busca controlar el déficit tarifario para que no siga subiendo el precio

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este jueves que la reforma energética que ha presentado su departamento busca controlar el déficit de tarifa para conseguir una economía más competitiva sin que siga subiendo el precio de la luz que, según sus datos, se ha incrementado casi un 72% entre 2005 y 2012. "Mientras el sistema acumule deuda no podrán caer los peajes", ha llegado a afirmar.

Así lo ha explicado ante el Pleno del Congreso, donde ha defendido su proyecto de ley de las siete enmiendas de totalidad presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, ERC, BNG y Compromís-Equo.

Tras reiterar el "pesar y condolencia" del Gobierno por los seis mineros fallecidos este lunes en León y mandar "ánimo para la pronta recuperación" a los cinco heridos que aún permanecen en el hospital, el ministro ha desgranado los principales aspectos de su propuesta, que busca completar el resto de leyes que se han aprobado en el sector en lo que va de legislatura para controlar el déficit de tarifa.

"Si un sistema energético tiene una razón de ser en cualquier país es que el factor de la electricidad no sea una restricción a la competitividad. Por eso, estas medidas en última instancia buscan controlar el déficit de tarifa y los incrementos de precio de consumo, y lograr un modelo energético que dé energía competitiva para la economía", ha añadido.

En este punto, ha recordado que entre 2005 y 2011 el precio de la electricidad ha subido un 67% y desde principios de 2012 a hoy se ha incrementado otro 4,9%. "La alternativa a las medidas adoptadas, incluyendo este proyecto de ley, habría sido producir un incremento en los precios de la electricidad de 42%. Evidentemente no lo podíamos hacer", ha explicado el ministro.FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Así, ha señalado que el sistema eléctrico español tiene "importantes fortalezas" como un mix diversificado, un alto nivel de penetración de las renovables, un elevado nivel de desarrollo de las infraestructuras y una buena calidad de suministro.

Sin embargo, también cuenta con "debilidades" como son un precio "muy por encima de la media europea" y unos costes regulados por encima de los ingresos del sistema por culpa de un "crecimiento excesivo de determinadas partidas por decisiones políticas". Y es que desde 2005 las actividades reguladas han subido un 300%, "particularmente las primas a las energías del régimen especial, que se han incrementado un 700%", mientras la demanda eléctrica ha caído notablemente por la crisis.

Esto ha llevado a acumular un déficit de tarifa de más de 26.000 millones de euros, a los que habrá que añadir los 4.500 millones de desequilibrio que se preveían para este ejercicio antes de la adopción de las nuevas medidas. "Y el problema de esta deuda acumulada no sólo es que está residenciada en los balances de las empresas, aun cuando está titulizada con el aval del Estado, sino que cada año el acumulado genera en concepto de amortización de capital e intereses unos 2.600 millones adicionales que van directamente a engrosar los costes regulados, es decir, a la factura", ha añadido Soria.

Por eso, su Ministerio busca con este proyecto de ley "reducir el déficit de tarifa, encauzarlo y evitar que en años sucesivos vuelva a suponer la carga que supone para consumidores y empresas" aplicando medidas que reparten de forma "equitativa" los costes entre productores, renovables, consumidores y administraciones públicas.

"Esta ley permitirá resolver el problema del déficit tarifario, desarrollar las energías renovables con un mecanismo regulatorio estable, regular por primera vez el autoconsumo, tener en cuenta todos los aspectos medioambientales y las directrices de la UE e impulsar medidas de ahorro y eficiencia energética", ha resumido.OBJETIVOS Y MEDIDAS

En este punto, Soria ha señalado que los objetivos concretos del proyecto son eliminar el déficit tarifario a través de una "reducción significativa" de los costes, establecer un marco normativo que dé estabilidad financiera al sistema y garantizar los menores costes posibles para los consumidores domésticos e industriales.

Para ello, se intenta garantizar que los ingresos sean suficientes para cubrir todos los costes regulados a través de un mecanismo automático de revisión de los peajes cuando se superen determinados niveles y limitando que se impongan nuevos costes si no hay un aumento equivalente de los ingresos.

Además, los sobrecostes derivados de normas autonómicas o locales y que no afectan a la generalidad del sistema "deberán ser sufragados en exclusiva por las administraciones públicas que las patrocinan" y "la factura eléctrica no podrá asumir el coste de actividades no directamente relacionadas con el suministro".

Los ajustes "temporales" que se produzcan en un ejercicio concreto no podrán superar el 2% de los costes estimados del sistema par ese año o el 5% de la deuda acumulada y, si se excede de esos límites, los peajes se revisarán en una cantidad equivalente al montante excedente. "El Ministerio aprobará una previsión de la evolución de las partidas de ingresos y costes para los cinco años siguientes", ha añadido.RÉGIMEN RETRIBUTIVO

Soria también ha resumido los nuevos regímenes retributivos. El proyecto fija una retribución homogénea para el transporte y la distribución de aproximadamente el 6,5% (las obligaciones del Tesoro a 10 años más 200 puntos), mientras que los sistemas insulares y extrapeninsulares mantienen una reglamentación "singular" en atención a sus especificidades, a través de retribuciones a la producción, fomento de las renovables "cuando sean técnicamente asumibles y supongan una reducción de los costes del sistema" e incentivos al operador para que, "manteniendo la seguridad, pueda reducir progresivamente el coste de generación".

Por su parte, las renovables, la cogeneración y los residuos recibirán una "rentabilidad razonable" del 7,5% (bonos del Tesoro a diez años más 300 puntos). "Es un marco regulatorio homogéneo, transparente, estable, que introduce certidumbre y da confianza a los inversores, y se garantiza la rentabilidad de las energías renovables", ha defendido Soria.

Además "se regula por primera vez" el autoconsumo, cuyos usuarios "deberán pagar en todo caso los mismos peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del sistema y a los costes de producción de servicios de respaldo del sistema que cualquier otro consumidor".

"Se trata de impulsar el autoconsumo pero evitando que las personas que opten por él puedan consumir con cargo al pago de las infraestructuras generales que hace el resto de consumidores", ha precisado el ministro, recordando no obstante que los autoconsumidores no pagarán ni la energía ni los impuestos asociados a ella.PRECIO VOLUNTARIO PARA PEQUEÑO CONSUMIDOR

La reforma también crea un nuevo Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor como referencia máxima para los consumidores que contraten menos de 10kw y se mantiene la Tarifa de Último Recurso (TUR) "pero sólo para los consumidores vulnerables", incluyendo un nuevo descuento sobre el precio voluntario, el llamado bono social.

La ley también abre la posibilidad de que la Administración central, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla asuman puedan llevar a cabo planes de ahorro y eficiencia para mejorar la eficiencia energética de las medianas y grandes empresas y para renovar los sistemas energéticos del parque de edificios residenciales y comerciales.

Finalmente, se habilita la posibilidad del cierre temporal de instalaciones de producción bajo "estrictos criterios de garantía de la seguridad de suministro" --la llamada 'hibernación'--, se refuerzan los mecanismos de control del sistema de Inspección, del registro de actividades y del control del fraude, y se fortalece el régimen sancionador.