(ampliación) el gobierno aprueba una regla de gasto presupuestario para el estado y las corporaciones locales

El Consejo de Ministros aprobó este viernes establecer una regla de gasto presupuestario para el Estado y las corporaciones locales, e instó al Ministerio de Economía y Hacienda a que le pida a las comunidades autónomas que adopten una iniciativa similar.
Así lo explicó el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien subrayó que la propuesta a las autonomías se realizará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Rubalcaba indicó que, "en definitiva, trata de fijar un criterio de austeridad en el gasto público".
Desde el Gobierno apuntaron que se ha asumido el compromiso europeo de determinar una regla de evolución del gasto público que garantice su vinculación a la propia progresión de la economía.
Con ese fin, el decreto-ley que se ha aprobado modifica la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y fija un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales.
Los objetivos de estabilidad presupuestaria de las distintas administraciones se fijarán teniendo en cuenta que el crecimiento de su gasto computable no podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española, que se define como el crecimiento medio del PIB, expresado en términos nominales, durante 9 años.
El vicepresidente primero explicó que "el máximo de gasto se fija teniendo en cuenta básicamente los últimos cinco años el crecimiento de la economía, el año en curso y las previsiones de los tres años siguientes".
"Se hace la media de los nueve años", se añade una inflación del 1,75%, "un poco por debajo de lo que Europa pide a los países" que tenga, "y con eso construyes el gasto máximo que puedes tener", agregó.
Junto a estos elementos anunciados por el presidente del Gobierno, el decreto-ley incluye el cumplimiento del mandato de la Ley de Economía Sostenible que exigía una revisión de las reglas de silencio administrativo, transformando en silencio positivo todos aquellos silencios negativos que no estuviesen justificados.