Buenos Aires, 30 jul.- El Gobierno argentino dijo que "no ha logrado la colaboración" de Uruguay para hallar a los responsables de las supuestas irregularidades en un contrato de la holandesa Riovía para obras en el canal Martín García, ubicado en el Río de La Plata y de administración compartida, dijeron hoy fuentes oficiales.
La Cancillería argentina advirtió además en un comunicado sobre la existencia de "una campaña mediática en Uruguay" centrada en "supuestos intentos de sobornos" al embajador uruguayo Francisco Bustillo, miembro de la Comisión Administradora del Río del Plata (CARP), para favorecer a Riovía.
"Los días pasan, el escándalo crece y el silencio de Bustillo es más que llamativo", sostuvo el Gobierno de Argentina, que aseguró que fue Uruguay el que solicitó en diciembre de 2010 "analizar la contratación directa de la empresa Riovía para el dragado y profundización del canal", postura "que reiteró en una reunión de marzo de 2011", indicó.
El litigio bilateral comenzó a escalar luego de que se conociera un informe de auditoría del Tribunal de Cuentas de Uruguay que analiza la actuación de la CARP, integrada por funcionarios de ambos países, en torno al contrato de Riovía para el dragado del canal.
La oposición uruguaya denunció en mayo que fue ofrecida una coima de un millón de dólares a funcionarios de la CARP para apoyar en el proceso de licitación a Riovía, que desde hace dos décadas draga el canal.
Según la prensa local, la auditoría concluye que Argentina demoró el proceso de licitación para favorecer la extensión del contrato de concesión para obras de dragado con la firma holandesa.
Mientras, este lunes está prevista la apertura de sobres del concurso público para la profundización y dragado del canal.
La Cancillería también recordó que el diplomático uruguayo Julio Baraibar declaró por radio que Bustillo le contó "con detalle que lo habían querido sobornar, que se había negado a aceptar la oferta y que había informado a sus superiores".
"Si bien días después desmiente la veracidad de sus propias afirmaciones, los medios siguen dándole crédito. (...) Estas versiones son recogidas por el informe del Tribunal de Cuentas de Uruguay volviendo a instalarlas en los medios de prensa", apuntó el comunicado.
"Si el Gobierno uruguayo desea, realmente, investigar los actos que involucran al embajador Bustillo y Riovía, podría empezar a preguntarse por qué a pocos días de finalizar los pliegos para el llamado a la licitación internacional para la profundización del canal aparecen centenares de artículos sobre un supuesto intento de coima", señaló la Cancillería argentina.
"De haber ocurrido (ese soborno), lo fue dos años antes y ni el embajador Bustillo ni el canciller uruguayo, Luis Almagro, jamás se refirieron" al mismo, añadió la nota de la cartera liderada por Héctor Timerman.
El Gobierno argentino comunicó el viernes pasado a Uruguay que resolvió excluir a Riovía "de toda nueva participación" en obras del canal, lo cual fue rechazado por Uruguay por considerar que esa decisión puede generar acciones legales de la empresa.
La administración de Cristina Fernández niega la existencia de irregularidades en el contrato con Riovía y, a su juicio, el Tribunal de Cuentas "contradice" en su trabajo lo expresado en junio pasado por Almagro, quien afirmó ante el Senado uruguayo que "no hay nada para denunciar ni que involucre actuación delictiva por parte de los funcionarios argentinos".
Según el Gobierno argentino, en el acuerdo de prórroga para el dragado y mantenimiento del canal Martín García suscrito el 7 de febrero de 2012 se fijó el precio de 15.150.000 dólares anuales para Riovía.
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