Argentina pone en vigor mayores controles para compra de divisas

Buenos Aires, 31 oct.- El Gobierno argentino puso hoy en vigor la resolución que obliga a bancos y casas de cambio a pedir autorización al Fisco para concretar operaciones cambiarias, en medio de las críticas que desata la medida en la oposición.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, se puso en marcha en medio de una seguidilla de medidas del Gobierno de Cristina Fernández para frenar la fuga de capitales y las presiones alcistas sobre el precio del dólar.

"Nosotros venimos trabajando en una serie de cuestiones que tienen que ver con el combate al lavado de dinero, que tiene que ver con el combate a la economía informal, a la economía en negro", sostuvo hoy el ministro argentino de Economía, Amado Boudou, a la radio La Red.

Boudou afirmó además que la nueva resolución apunta a "conocer el origen" de los fondos utilizados para la compra y aseguró que aquel que tiene todo en regla "no debe preocuparse".

A partir de ahora, el Fisco deberá aprobar en segundos cada una de las operaciones a través de un sistema informático que verificará si el monto de divisas adquirido se corresponde con los ingresos y bienes reportados por el comprador.

El nuevo Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias establece que la Administración Federal de Ingresos Públicos "efectuará evaluaciones sistémicas, en tiempo real, sobre los datos ingresados y emitirá la respuesta correspondiente de acuerdo con la información obrante en las bases de datos del organismo", indica la resolución.

Como resultado, la operación será "validada" o tendrá "inconsistencias", lo que significa que "no se han superado los mencionados controles", precisa.

La medida desató varias críticas entre dirigentes de la oposición, entre ellos el expresidente del Banco Central y diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat Gay, antiguo funcionario de la banca Morgan y del Fondo Monetario Internacional, quien opinó que la resolución "aumenta el deseo" por el dólar, cuando "el problema de fondo es la inflación".

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es bajar la inflación", que oscila en el "25 por ciento" anual, coincidió el diputado de la opositora Propuesta Republicana (PRO) Federico Pinedo, para quien la nueva medida es "un disparate".

Según Claudio Lozano, legislador de la fuerza de centroizquierda Proyecto Sur, los verdaderos problemas que ocasionan la fuga de capitales son "la inflación en dólares, el déficit de inversión y la crisis financiera internacional".

El pasado miércoles, el Gobierno dispuso que las petroleras y mineras liquiden en el país las divisas de sus exportaciones a través de un decreto de Fernández, que anuló normativas que permitían la libre disponibilidad del 70 por ciento de las divisas obtenidas por exportaciones de crudo, gas, combustibles y minerales.

Un día después, el Gobierno dictó una norma que obliga a las aseguradoras a repatriar en un plazo de 50 días sus inversiones o tenencias en el extranjero, calculadas en unos 1.600 millones de dólares.

La administración de Fernández también incrementó esta semana los controles y el pedido de requisitos para los no residentes que compren empresas locales o inmuebles y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a los 250.000 dólares en el mercado cambiario.

El Banco Central argentino, cuyas reservas suman 47.582 millones de dólares, ha vendido alrededor de 800 millones de dólares a lo largo de la semana pasada para frenar el alza de la moneda estadounidense en el mercado local de cambios, donde se cotiza a 4,26 pesos por unidad.

La fuga de capitales, en tanto, está calculada en unos 22.000 millones de dólares para este año por la consultora Ecolatina.

Las nuevas medidas impuestas por el Gobierno se concretaron luego de las elecciones generales celebradas el pasado domingo, en las que Fernández fue reelegida con una abrumadora victoria del 53,9 por ciento de los votos.

Coincidieron además con la exposición que hizo la semana pasada en París el ministro de Justicia, Julio Alak, ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que reclama desde hace años que Argentina aplique leyes más estrictas contra el lavado de dinero.