Buenos Aires, 19 sep.- Argentina rechazó hoy los reclamos de un congresista estadounidense por el supuesto incumplimiento por parte del país suramericano de un laudo a favor de la compañía estadounidense Azurix.
Los reclamos fueron realizados por el congresista republicano John Culberson (Texas), quien pidió al secretario del Tesoro, Timothy Geithner, que bloquee la concesión a Argentina de préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, tras alegar que el país suramericano incumplió un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a favor de Azurix.
"Argentina siempre ha reconocido los dictámenes del CIADI como definitivos y vinculantes", aseguró el embajador argentino en Washington, Alfredo Chiaradía, en una misiva enviada a Geithner y cuyo contenido fue divulgado hoy por la agencia oficial Télam.
El embajador dijo que, sin embargo, "la efectivización de un laudo contra el Estado exige previamente cumplir con procedimientos administrativos".
En este sentido, dijo que Azurix "debe cumplir con tales procedimientos" y realizar los trámites correspondientes ante la Justicia argentina, algo que "hasta ahora no ha hecho" la empresa, señala la misiva.
Desde 1999, Azurix, una compañía de servicios de agua con sede en Texas, daba el servicio de agua potable y cloacas en 72 municipios de la provincia de Buenos Aires.
Pero el contrato de concesión fue cancelado en marzo de 2002, al cabo de un largo conflicto con el Gobierno del distrito más poblado de Argentina.
La compañía, por entonces subsidiaria del grupo Enron, recurrió entonces al CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, y demandó a Argentina por el supuesto incumplimiento del tratado bilateral de inversión entre Argentina y Estados Unidos.
En 2006, el tribunal condenó a Argentina a pagar a Azurix una indemnización de 165,2 millones de dólares.
El laudo fue apelado por el país suramericano, pero el CIADI confirmó su decisión inicial.
El contrato con Azurix, que abastecía a 2,5 millones de personas, fue cancelado después de que la compañía fuera acusada por el gobierno bonaerense de incumplir los requisitos de inversión y calidad de servicio pactados.
Por su parte, la empresa responsabilizó de la situación a las autoridades provinciales y les atribuyó "incumplimientos" en una serie de obras previstas en el contrato de concesión.
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