¿Se imaginan que la Seguridad Social les garantizara una renta o un complemento salarial cada vez que su sueldo se moviera por debajo del umbral del 'mileurismo'? Pues eso, precisamente, es lo que propugna la propuesta de Renta Básica Universal de Podemos. La formación de Pablo Iglesias no se conforma con plantear la prestación más generosa de todas cuántas proponen las formaciones con representación parlamentaria - mientras el resto parten de la base de una renta básica equivalente al 80% del IPREM, Podemos plantea una renta de 622,77 euros al mes, equivalente al 88% del Salario Mínimo -, sino que aboga por reconvertirla en complemento salarial para todos aquellos que perciban un salario por debajo de los 957 euros mensuales.
El complemento operaría como una aportación decreciente de entre 558 y un euro en función del salario percibido y, al igual que la Renta Básica, se constituiría como un derecho individual de cada ciudadano por el mero hecho de serlo. Y al que no sólo tendrían derecho los mayores de edad, sino que incluso se podría percibir desde los 16 años en caso de estar emancipado del domicilio familiar. La formación no estima el coste de este modelo, pero se puede llegar a una estimación por aproximación a partir del coste estimado por el modelo de Renta Básica, más modesto, que propugna el Partido Socialista y que supondría un extra presupuestario de 6.450 millones de euros.
El modelo socialista parte de la misma base que el resto de fuerzas parlamentarias con la excepción de Podemos: una Renta Básica Universal de 430,27 euros al mes que percibirían los ciudadanos residentes en España de entre 18 y 65 años que llevaran al menos doce meses en situación de desempleo y cuyos ingresos mensuales se situaran por debajo del 75% del Salario Mínimo Interprofesional.
A partir de ahí, los socialistas plantean un complemento que varía entre los 50 y los 150 euros por familiar a cargo en función de los ingresos reales del núcleo familiar, siendo más elevado para familias con ingresos inferiores a 7.100 euros y más modesto para las familias que se encuentran dentro del umbral de pobreza moderada, de manera que una familia de cuatro miembros podría a llegar a percibir una Renta Básica de 880 euros al mes.
Sólo el PP propone una Renta Básica más generosa para ese perfil de beneficiarios, las familias de cuatro miembros. Su modelo mantiene la cuantía básica para los núcleos familiares o uno o dos miembros pero mejora más que nadie la ayuda por hijos o familiares a cargo de modo que un núcleo con cuatro personas que sume ingresos inferiores al 75% del SMI podría llegar a percibir hasta 1.000 euros mensuales.
Diversidad de opiniones respecto a la compatibilidad de la prestación
Las diferencias no sólo afectan a la cuantía de la Renta Básica (ver gráfico) sino también a otras cuestiones como la eventual compatibilidad de la Renta Básica con otras ayudas de naturaleza similar o incluso con un empleo por cuanta ajena, o por cuenta propia.
El más restrictivo en ese punto es el Partido Popular. El grupo mayoritario en el Congreso rechaza la compatibilidad de la prestación con ninguna otra ayuda de carácter contributivo o no contributivo del sistema, sea estatal o autonómica, bajo el argumento de que lo que hay que hacer es unificar el abanico de ayudas asistenciales existentes en el plano estatal, autonómico y local para configurar una renta única, que permite atender las necesidades de los ciudadanos sin comprometer el presupuesto público.
El PSOE, por el contrario, considera que la Renta Básica Universal debe situarse en el ámbito de prestaciones de la Seguridad Social y debe ser compatible con las ayudas autonómicas siempre que su acción no sirva para que los ciudadanos salgan de la pobreza. Incluso admite su compatibilidad durante seis meses con un empleo, siempre que éste se vincule a un itinerario de inserción planteado desde los servicios públicos de empleo.
La propuesta de Ciudadanos sublima esa vinculación entre Renta Básica y empleo y, de hecho, no habla de Renta Básica Universal sino de Prestación de Activación para el Empleo, que se restringiría a los desempleados que han perdido su derecho a cualquier otra prestación y que no poseen una vía de ingresos, por cauce directo o mediante la materialización de su patrimonio, que supere el 75% del SMI. La prestación se percibiría en tanto persistan las circunstancias que llevaron a su activación y siempre que los beneficiarios hayan seguido el itinerario personalizado de inserción laboral planteado por los servicios públicos de empleo.
Según lo recogido en el preámbulo de la Proposición de Ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social, que desarrolla la iniciativa legislativa popular impulsada por los sindicatos UGT y CCOO, el universo de beneficiarios de la futura Renta Básica alcanzaría a 1.800.000 hogares y a 2.151.000 personas.
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