Autoridad de competencia española abre un expediente a Telefónica y Yoigo

Madrid, 5 nov.- La Comisión Nacional española de los Mercados y de la Competencia (CNMC) anunció hoy la apertura un expediente sancionador a las operadoras de telecomunicaciones Telefónica y Yoigo por un acuerdo que alcanzaron y que podría afectar a la competencia.

Ambas operadoras pactaron en julio pasado el uso o despliegue de redes de telefonía móvil y de distribución comercial de productos "Fusión".

Dichos acuerdos fueron denunciados por sus competidoras Vodafone y Orange ante las antiguas Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CNMT) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), ahora integradas en la CNMC, y ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

El acuerdo suscrito por Telefónica y Yoigo fue considerado por sus competidores como una fusión encubierta, por lo que pidieron medidas cautelares para paralizar el acuerdo y también señalaron la necesidad de que las decisiones se tomaran antes de que entrara en funcionamiento el nuevo órgano regulador para evitar retrasos.

La CNMC entró en funcionamiento en octubre y ahora su dirección de la competencia ha decidido abrir expediente sancionador, aunque no ha tomado medidas cautelares que hubieran supuesto la paralización de la comercialización de los servicios apoyados en el acuerdo que Telefónica y Yoigo comenzaron a vender en septiembre y octubre pasados, respectivamente.

En un comunicado, el supervisor explica que la Dirección de Competencia ha decido incoar el expediente ante la existencia de indicios racionales de prácticas prohibidas por Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

En la resolución el órgano regulador hace hincapié en que el acuerdo puede ir contra la competencia al incrementar la dependencia entre Telefónica y Yoigo, además de otorgarles ventajas frente a sus competidores.

La CNMC recuerda en la nota que la incoación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y que dispone de un máximo de 18 meses para su instrucción y resolución.