Avanza proyecto de ley en Ecuador para subir tasas a banca y limitar sueldos

Quito, 6 nov.- Un proyecto de ley impulsado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para financiar ayudas a los pobres con más impuestos a la banca y limitar los salarios de sus directivos, llegará el jueves al pleno del Parlamento tras recibir el visto bueno de un comité legislativo, según se anunció hoy.

La meta del Gobierno es elevar la recaudación para subir de 35 a 50 dólares el llamado Bono de Desarrollo Humano (BDH), que reciben mensualmente 1,2 millones de personas en Ecuador.

Actualmente el Estado destina 756 millones de dólares al año a ese fin, a lo que se añadirán unos 340 millones con la subida, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

La propuesta de ese incremento la presentó originalmente Guillermo Lasso, un exbanquero que es candidato a la presidencia en los comicios de febrero de 2013, aunque él dijo que la financiaría con los fondos que el Estado destina a publicidad.

Correa, que se prevé que se presente a la reelección, reaccionó prometiendo el mismo alza, pero costeada con un aumento de la tasa sobre los activos de la banca en el exterior y el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por servicios financieros, entre otros gravámenes.

El presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Fernando Cordero, marcó para el próximo jueves el primer debate sobre el proyecto.

La Comisión de Régimen Económico y Tributario había dado vía libre a su llegada al pleno tras aprobar ayer el informe sobre la propuesta legislativa de la Presidencia sin modificar su contenido básico.

El asambleísta independiente Rafael Dávila dijo hoy a la prensa que la propuesta viola varios artículos de la Constitución, entre ellos la prohibición de crear impuestos para financiar un proyecto determinado, lo que se llama "preasignación".

"Es ilegal, es inconstitucional", dijo. Por su parte, la Asociación de Bancos Privados de Ecuador mantiene que el proyecto "compromete la viabilidad futura de las instituciones financieras" y la Federación de Cámaras de Comercio ha pedido que se deseche en su totalidad.

En cambio, Paco Velasco, miembro de Alianza País y presidente de la Comisión, defendió hoy la propuesta.

"El país les está pidiendo (a los banqueros) apenas lo de los tabacos, porque lo que se han metido en los últimos diez años es un montón de plata. La primera vez que les piden un aportecito, lloran", aseveró.

La norma impone una tasa del 3 % sobre los ingresos gravables de los bancos y sube del 0,08% a un 0,25 % mensual el impuesto sobre los fondos depositados en el exterior, un porcentaje que se eleva a un 0,35 % mensual si están en paraísos fiscales, entre otras medidas.

Dávila consideró que esa disposición hará que los depositantes transfieran su dinero en el exterior de bancos ecuatorianos a extranjeros.

Además, destacó que una parte de esos fondos se usa para financiar el comercio exterior, por lo que el alza del gravamen encarecerá las importaciones y con ello el precio final de los productos en Ecuador.

El Gobierno asevera que las medidas reducirán los beneficios de la banca, pero no afectarán a sus clientes.

El proyecto también da potestad a la Junta Bancaria, una entidad estatal, para poner techo a la remuneración de los directivos de los bancos.

Velasco explicó que actualmente los salarios se contabilizan como una deducción del impuesto a la renta, por lo que una limitación de esa deducción en el caso de la banca serviría para reducir los salarios de sus directivos.

El proyecto de ley también amplía el acceso del Servicio de Rentas Internas (SRI) a la información bancaria de los ciudadanos y prevé una multa de entre 29.200 y 73.000 dólares para las instituciones financieras que no entreguen los datos requeridos.

Asimismo, elimina la posibilidad de que la banca privada reduzca sus pagos por concepto de impuesto a la renta al reinvertir sus ganancias.

Dado que el proyecto de ley tiene carácter económico urgente, la Asamblea Nacional cuenta con tan solo un mes para rechazarlo o aprobarlo como está, o con modificaciones.

Si los legisladores no se ponen de acuerdo en ese plazo entrará en vigencia de forma automática.