Bolivia dice que recusará fallo de arbitraje favorable a firma india Jindal

La Paz, 26 ago.- El Gobierno boliviano anunció hoy que recusará el fallo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París que le ordena pagar 22,5 millones de dólares a la empresa india Jindal por el fracaso del mayor proyecto siderúrgico de Bolivia.

"Evidentemente vamos a recusar la decisión y vamos a apelar a los tribunales que correspondan para defender los intereses del Estado boliviano", dijo a los medios en la región de Santa Cruz (este), el vicepresidente Álvaro García Linera.

Añadió que el ministro de Minería, César Navarro, dará más información sobre el procedimiento que se seguirá en el caso.

En las próximas horas está prevista una rueda de prensa de Navarro en La Paz.

La CCI-París ordenó que la estatal Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) devuelva a Jindal el dinero que la empresa india presentó por adelantado como "garantía del proyecto" -18 millones de dólares más intereses-, según un comunicado de la compañía asiática.

El tribunal internacional aseguró que el Gobierno de Bolivia no tenía derecho a "cobrar las garantías (...), por lo que con el cobro la entidad pública ESM violó las obligaciones contractuales respecto a Jindal", indica la misma fuente.

Jindal ha solicitado a la CCI-París un segundo arbitraje en relación con el proyecto, en el que invirtió "decenas de millones de dólares" y en el que ahora reclama el reembolso de "100 millones de dólares (...) por daños derivados de la rescisión del contrato".

César Navarro afirmó ayer que el Gobierno boliviano no comparte "este tipo de acciones y decisiones que piensan en el capital privado y no piensan en beneficio de los pueblos y los estados".

Además, el procurador general del Estado, Héctor Arce, adelantó en junio pasado que Bolivia no iba a aceptar el veredicto en ese arbitraje, pues "no tiene ninguna base jurisdiccional" y "no va a ser reconocido jamás" por el Gobierno.

Jindal fue contratada en 2007 para explotar la mitad de la mina Mutún, yacimiento situado en Santa Cruz, cerca de la frontera con Brasil, que contiene 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro.

La firma india abandonó el proyecto en julio de 2012, en medio de una investigación oficial por supuestos incumplimientos del contrato.

El Ejecutivo boliviano acusó a la siderúrgica india de no haber realizado las inversiones comprometidas y la multó con el cobro de dos garantías bancarias, mientras que Jindal adujo que las autoridades no facilitaron su trabajo, al poner trabas a su acceso a la mina y no otorgarle la suficiente seguridad jurídica.