El anuncio de esta investigación por ayudas a esta compañía nacionalizada temporalmente por el gobierno italiano, para la que busca un comprador desde el 5 de enero, amenaza con alimentar aún más las tensiones entre Roma y Bruselas que se oponen en varios frentes, incluido de la crisis migratoria que atraviesa el bloque.
La Comisión "analizará en particular si las medidas que facilitan el acceso de Ilva a un financiamiento para modernizar su acerería de Tarento otorgan a la empresa una ventaja de la que no benefician sus competidores", indicó en un comunicado.
"Dada la imperiosa necesidad de descontaminar la instalación de Ilva de Tarento, la decisión de la Comisión prevé igualmente mecanismos que permitan a Italia proceder inmediatamente a medidas de descontaminación", declaró la Comisión.
Citada en el comunicado, la comisaria para temas de competencia, Margrethe Vestager, aseguró que "la mejor garantía para garantizar un futuro duradero a la producción siderúrgica en la región de Tarento es la venta de activos de Ilva a un comprador que los ponga a nivel para permitirles respetar las normas medioambientales y que las explote con fines productivos".
La acerería de Tarento es la más grande de Europa. Si funcionara en capacidad plena, la planta podría producir la misma cantidad que produjeron en 2015 Bulgaria, Grecia, Hungría, Croacia, Eslovenia, Rumania y Luxemburgo juntos.
La planta emplea a 14.000 personas en una región gravemente afectada por el desempleo, y está en el centro de un juicio por contaminación. La fiscalía le atribuye al menos 400 muertes por emisiones tóxicas.
Según cifras publicadas a principios de enero por la agencia italiana AGI, Ilva produjo 4,9 millones de toneladas de acero en 2015 (contra 5,7 millones en 2013).
El sector de la siderurgia europeo está en dificultad por los bajos costes de producción en terceros países y la caída en la demanda. En la UE se estima una sobrecapacidad de producción de 10 a 15% en 2015, según la Comisión. El sector produjo unas 170 millones toneladas de acero en 2015 en la UE en más de 500 plantas de producción y emplea directamente a unas 360.000 personas.
La Comisión señala que las reglas sobre ayudas estatales en la UE autorizan únicamente las medidas destinadas a "promover la competitividad y la eficacia" de las plantas "pero no el apoyo a los productores que atraviesan dificultades financieras".
Según Bruselas las medidas investigadas suman unos 2.000 millones de euros de financiamiento que podrían haber beneficiado de un apoyo estatal.
Incluyen garantías públicas sobre préstamos, una ley que confiere a los prestamistas de Ilva una prioridad absoluta de pago en caso de quiebra o una ley que permite a Ilva el acceso a fondos embargados por un juicio penal contra accionistas y su antigua dirección.
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