El Consejo de la Unión Europea ha adoptado este lunes la nueva normativa comunitaria para proteger mejor el mercado mayorista de la energía de la UE ante las manipulaciones, reglamento que recaba así el último visto bueno necesario tras haber sido aprobado por el Parlamento Europeo. En un comunidado, el Consejo Europeo ha asegurado que "garantizará una competencia abierta y leal en los mercados mayoristas de la energía". En concreto, el Reglamento sobre la Integridad y la Transparencia del Mercado Mayorista de la Energía (REMIT, en inglés) introduce una mayor armonización con las normas de la UE sobre la transparencia de los mercados financieros. De igual modo, cubre nuevas prácticas comerciales, como la negociación en base a algoritmos, y refuerza las disposiciones sobre información y supervisión para proteger a los consumidores de los abusos del mercado.
Este nuevo reglamento es una parte de la ambiciosa reforma del mercado eléctrico -también acordada ya entre el Parlamento y los países- diseñada durante la crisis de precios de la energía de 2021 y 2022 para favorecer el despliegue de renovables, fomentar la estabilidad de precios y proteger a mejor a los consumidores, entre otros. Prevé que los actores de mercado de terceros países estén obligados a nombrar un representante en cada Estado miembro de la UE en el que opere en el mercado mayorista de energía, y serán los responsables de cumplir con los requerimientos de las autoridades nacionales o de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). "Crea requisitos más claros y estrictos para los participantes del mercado de la UE que residen en un tercer país", han concluido desde el Consejo.
Esa agencia comunitaria verá además ampliadas sus competencias y tendrá la capacidad de imponer sanciones periódicas a fin de garantizar el cumplimiento de sus peticiones de información y facilitar las inspecciones sobre el terreno en las instalaciones de los distintos actores del mercados. Sin embargo, el poder para imponer multas por infracciones o violaciones de las obligaciones incluidas en el reglamento seguirá en manos de las autoridades nacionales de los Estados miembros.
ACER, por contra, sí que podrá investigar posibles casos de manipulación o abuso cuando afecten al menos a dos países distintos, aunque las autoridades nacionales podrán objetarlo en un plazo de tres meses si ya han abierto formalmente o ha iniciado una investigación sobre los mismos hechos.
