"La aplicación selectiva de un tipo reducido de IVA a ciertos suministros de electicidad, como propone España, podría ser visto como consistente con el principio de neutralidad fiscal bajo la condición de que esto no lleve a una distorsión de la competencia". La evaluación del Comité Europeo de IVA sobre la rebaja del tipo de IVA de la luz del 21% al 10% aprobada por el Gobierno de España y aplicable desde el pasado 25 de junio como receta para contener los efectos de la espiral de incremento de los precios mayoristas de la electricidad pone en el foco los posibles riesgos que la medida puede suponer sobre la competencia en los mercados energéticos y deja "a las autoridades nacionales de competencia" (en este caso, la CNMC), "la determinación de si la medida puede causar distorsiones" en este ámbito.
Las normas europeas exigen a los países que pretende abordar algún cambio en la estructura de tipos del IVA comunicar previamente sus intenciones y someter la medida a la evaluación del Comité del IVA. La evaluación no es vinculante de momento - en Europa se está trabajando para que sí lo sea- pero permite apreciar los 'pros' y los 'contras' que Bruselas detecta en las medidas puestas por los países. El análisis del órgano europeo sobre la rebaja temporal del IVA del recibo de la luz abordada por el Ejecutivo para tratar de poner coto a la escalada de los precios de la electricidad, que el Gobierno se plantea ahora prorrogar tres meses más hasta marzo de 2022, deja ver las objeciones de Bruselas tanto sobre el perímetro de la medida como sobre los efectos que puede tener sobre el mercado energético nacional.
La fiscalidad energética es lo más parecido a un territorio minado en Europa. Al gravar el funcionamiento de mercados hiperregulados, Bruselas ejerce y exige un control fiscal férreo sobre las medidas que adoptan los países en ese campo para evitar rebajas fiscales destinadas a favorecer de tapadillo la competitividad de sus tejidos productivos, uno de cuyos principales elementos de coste es precisamente la energía. En la actualidad la Comisión trabaja en una reformulación de la fiscalidad energética a escala europea para poner el instrumento fiscal al servicio de los objetivos de transición energética y reducción de las emisiones adquiridos por la Unión Europea. Por esta razón observa con atención los cambios planteados por los países.
Bruselas ha 'comprado' los argumentos enarbolados por el Gobierno de España para justificar la rebaja temporal del IVA del 21% al 10%, pero también ha puesto sus asteriscos y ha enviado su aviso a navegantes por si al Ejecutivo de Sánchez se le ocurriera ir más allá. El argumentario del Gobierno de España sostiene, en primer lugar, que se trata de una medida orientada sobre todo a proteger a los consumidores más vulnerables y a aquellos que perciben el llamado 'bono social'; que su impacto recaudatorio no llega siquiera al 1% de los ingresos totales por IVA del Estado (566 millones de euros, en total); y que no distorsiona la competencia porque alcanza prácticamente a todos los hogares, no afecta a las grandes empresas y por tanto no plantea cuitas con otros países y tampoco afecta a la competencia entre diferentes energía porque las redes de gas no llegan a todo el territorio y la alternativa a la electricidad en muchos puntos sólo la ofrecen los combustibles fósiles.
He aquí uno de los puntos fuertes de la defensa de España. Desde esta perspectiva bajar temporalmente el IVA para impedir una transición de los consumidores desde la electricidad a otras energías tiene un 'fondo verde' ya que impedirá que ese consumo se desplace sobre todo a fuentes de energía más contaminantes.
Rebajas selectivas y que protejan la competencia
Bruselas aplaude que España idee medidas orientadas a avanzar en el llamado 'Green Deal' pero manifiesta sus reservas respecto a que la medida no tenga efectos distorsionadores sobre la competencia, especialmente entre diferentes fuentes de energía, un elemento crítico en la visión europea del mercado energético que se rige por el principio de la neutralidad fiscal entre fuentes de energía y una cierta discriminación negativa a las fuentes de energía más contaminantes. El Comité de IVA admite que la evaluación de esos potenciales efectos negativos deben ser evaluados por las autoridades nacionales de competencia.
El otro elemento que el Comité de IVA subraya de manera especial es que pese a que la medida se ha ideado para proteger a los consumidores más vulnerables, en realidad tiene un radio de acción mucho más amplio y alcanza a la inmensa mayoría de los consumidores particulares. Los datos proporcionados por el Gobierno de España a la Comisión subrayan esta realidad y recalcan que la rebaja fiscal aprobada en junio alcanza al 94,24% de los contratos existentes en España, lo que llega al 97,5% de los consumidores particulares y solo al 2,5% de las empresas. Con ese perímetro definido, el Gobierno estima que el coste del mantenimiento de esta medida durante la segunda mitad de 2021 ascenderá a 566 millones.
El asunto del coste preocupa particularmente a la Comisión Europea, que ya ha tirado de las orejas en el pasado a España por la recaudación que pierde a través del amplísimo abanico - sin parangón en Europa - de productos que tributan al tipo reducido y superreducido del IVA, y que drenan el 60% de la recaudación potencial que España tendría por este impuesto. El asterisco de la Comisión en este campo no es menor porque aleja la posibilidad de llevar, aunque sea temporalmente, el IVA del recibo de la luz al tipo superreducido del 4%, como se ha planteado algún grupo parlamentario, ya que el coste presupuestario se multiplicaría.
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